El pasado viernes se ha conocido la noticia de que el Tribunal Supremo ha inadmitido las denuncias y querellas contra el Gobierno por la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus.

No obstante, el Tribunal Supremo ha acordado deducir testimonio de todas las denuncias y querellas y remitirlas al Juzgado Decano de Madrid para que se incoen los procedimientos que proceda, así como en su caso, la acumulación a otros procedimientos ya iniciados, poniendo especial énfasis en las muertes en las residencias de ancianos.

En relación con la tragedia vivida en las residencias de ancianos el auto manifiesta que ”es necesario que existan datos objetivos que permitan imputar los concretos resultados lesivos producidos en cada caso y sobre cada persona afectada, lo que exige la evaluación, aunque sea provisional, de las circunstancias concretas en la que estos resultados se produjeron”, lo anterior resulta absolutamente esencial y debe ser objeto de una investigación minuciosa por parte de los Juzgados de Instrucción, puesto que las residencias de ancianos se niegan en la mayoría de los casos a facilitar información en relación con los protocolos anti-covid empleados en sus centros y las circunstancias concretas que han rodeado cada muerte.

Así, pese a que desde la Plataforma afectadoscoronavirus.org ya se han iniciado procedimientos en la vía administrativa y no se descartan abrir nuevos procesos civiles, entendemos que es importante que la vía penal continúe abierta ya que tiene mayores recursos para poder investigar y aclarar que es lo que ha ocurrido para que hayamos perdido a tantos miles de seres queridos, y por supuesto, derivar responsabilidades penales y civiles.

Es un derecho de todos los afectados, pero también de toda la sociedad dilucidar lo ocurrido y depurar responsabilidades.