El despacho Gálvez Abogados se querella contra el abogado Murcia Ricardo Ruiz por un presunto engaño en la venta del despacho por 800.000 euros. El acusado contrata para la defensa de sus imputaciones al penalista Raúl Pardo Geijo.
Según informa el diario La Verdad, la alianza entre Ricardo Ruiz Moreno y Juan Antonio Gálvez Peñalver, que en las dos últimas décadas permitió forjar uno de los mayores y más exitosos despachos laboralistas de la Región, ha concluido en un estrepitoso y conflictivo ‘divorcio’ que, previsiblemente, se acabará solventando en el mismo lugar al que tan relevantes letrados recurrieron en innumerables ocasiones en defensa de los intereses de sus clientes: los tribunales murcianos. El pleito que mantienen entre sí los dos principales socios fundadores del gabinete legal, bautizado en su día como Ruiz Moreno y Gálvez Peñalver Abogados, se ha convertido en una de las noticias que más atención está suscitando en los ambientes jurídicos de la Región desde hace unas semanas. El grueso del enfrentamiento legal entre los actuales socios del despacho, con Juan Antonio Gálvez como principal cabeza visible, y quien fue su fundador, Ricardo Ruiz, se sostiene sobre una querella interpuesta por los primeros contra el segundo por los presuntos delitos de estafa y revelación de secretos de empresa, que ya ha sido admitida a trámite. Una circunstancia que conducirá a este veterano letrado a declarar como querellado en días venideros, asistido por el pertinente abogado.
Preparando su jubilación. Los querellantes explican en su denuncia que todo este asunto se remonta a las fechas finales de 2016, cuando Ricardo Ruiz expuso en apariencia a su principal colaborador que pretendía ir preparando su jubilación, lo que presuntamente se tradujo en un acuerdo para venderles –a Gálvez y a otro grupo de letrados de ese mismo gabinete– todo el negocio y la cartera de clientes por el precio de 800.000 euros. Una cantidad pagadera a lo largo de cuatro años, a razón de 17.000 euros mensuales (unos 200.000 euros al año), que supuestamente comenzaron a abonarse en enero de 2017. Sostienen los querellantes que, alegando razones fiscales, Ricardo Ruiz les pidió que el traspaso no se documentara como una venta del negocio, sino como meras retribuciones «por la prestación de servicios profesionales», lo que así se hizo «dada la confianza existente entre las partes». A lo largo de los siguientes cuatro años, el fundador del gabinete legal habría venido recibiendo puntualmente esas cuantías, hasta completar la suma de 800.000 euros, a pesar de que –como se afirma en la querella– «ya no asistiera a juicios, negociaciones de convenios colectivos, inspecciones de trabajo, conciliaciones…».
«Una sorpresa mayúscula». «La sorpresa de los socios adquirentes fue mayúscula –se relata en la denuncia– cuando desde el mes de septiembre de 2020, tras cobrar prácticamente la totalidad del precio pactado por la venta del negocio, el querellado comenzó a negar el acuerdo y a dirigirse a sus antiguos clientes, cedidos a la querellante a cambio de 800.000 euros». En ese momento, añaden, habría «dejado al descubierto el plan orquestado desde el primer momento para engañar al señor Gálvez y al resto de los socios, consistente en hacerles creer que se jubilaba para venderles el despacho, con la idea de, una vez cobrado, no cumplir su parte del trato». Tras esa «maniobra dolosa y fraudulenta» de la que le acusan sus antiguos socios, Ricardo Ruiz se habría puesto en contacto con sus antiguos clientes –los supuestamente cedidos con la venta del despacho– y habría intentado recuperarlos para su nuevo gabinete, Ruiz Moreno Abogados. En la querella se ofrece una relación de empresas que supuestamente recibieron el ofrecimiento de este conocido letrado laboralista para que le siguieran en su nueva etapa profesional, lo que habría conseguido en algunos casos, ya que hubo mercantiles que notificaron al gabinete Gálvez Abogados Laboralistas que cesaban su relación profesional y cancelaban la iguala o retribución. Incluso en uno de esos casos habría sido el propio Ricardo Ruiz quien habría comunicado esa ruptura de una compañía a sus antiguos socios, a la vez que solicitaba que se le diera la venia para asumir su defensa. Este presunto comportamiento es el que motiva la acusación de revelación de secretos de empresa, ya que el letrado habría estado utilizando los datos de los que disponía como antiguo dirigente de la firma legal para recuperar a los clientes. El diario se puso antes de ayer en contacto con el despacho Gálvez Abogados, que rechazó hacer comentarios, salvo el referido a que «hubiéramos deseado que el asunto no trascendiera públicamente».
Pardo-Geijo: «Es una querella temeraria e infundada»
El penalista Raúl Pardo- Geijo Ruiz, quien ha asumido la defensa de Ricardo Ruiz, afirmó ayer que la querella contra su cliente «es infundada y temeraria y responde a una ‘vendetta’ por la denuncia por apropiación indebida que don Ricardo interpuso con bastante anterioridad y sobre la que el legal representante de la sociedad querellante –el señor Gálvez– declaró en el día de ayer en calidad de investigado».
Añadió que se trata, asimismo, «de un acto de blindaje por haber expulsado de forma arbitraria a mi mandante de la sociedad». Por último, dijo que responde «a la inquina y desazón que le produce que muchos de los clientes, al conocer de la separación de los socios, hayan solicitado la prestación directa de los servicios a Ricardo Ruiz». Pardo-Geijo lamentó «que este asunto se haya filtrado a la opinión pública».
