Jornada sobre las implicaciones jurídicas de la guerra de Ucrania
Juristas y empresarios se han pronunciado este viernes en el Colegio de Abogados de Madrid a favor de las sanciones económicas contra Rusia por la invasión de Ucrania, asumiendo el sacrificio económico que estas medidas generarán en España y en las democracias occidentales.
“La libertad tiene un precio y solo la tendremos si estamos dispuestos a pagarlo” ha señalado la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal, quien ha participado junto al magistrado Ignacio Ulloa en una jornada de debate sobre las implicaciones jurídicas de la agresión rusa a la soberanía ucraniana.
Con anterioridad, el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid, Miguel Garrido, protagonista del Foro Justicia ICAM, ha apoyado todas las medidas, “por dolorosas o costosas que sean”, que puedan contribuir a frenar la agresión contra Ucrania y acabar con el régimen de Putin.
En sus palabras de bienvenida a ambos actos, el decano José María Alonso ha lanzado un mensaje de solidaridad con el pueblo de Ucrania y con todas las víctimas que están padeciendo las consecuencias “de un ataque injustificado y tiránico por parte del dictador Putin”, una agresión que supone “una vulneración del derecho internacional más elemental” y de la que han huido cerca de un millón de personas en apenas una semana.
En este momento, “el más oscuro desde la Segunda Guerra Mundial, toca un fortalecimiento del Estado de derecho”, ha afirmado Alonso, para quien la invasión ordenada por Vladimir Putin ha conseguido en muy poco tiempo lo que Europa no había sido capaz de lograr en muchos años: una respuesta unánime de los 27, que la OTAN salga de un estado de “encefalograma plano” o que países como Finlandia y Suecia, tradicionalmente reticentes a su ingreso, estén llamando a su puerta. Asimismo, ha conseguido que el país “más poderoso económicamente y más débil militarmente” de la Unión haya decidido incrementar sustancialmente su presupuesto militar.
Desde el ICAM, Alonso ha expresado el firme compromiso de la abogacía madrileña para brindar todo su apoyo a las personas que busquen refugio en España, anunciando la puesta en marcha de un mecanismo para ayudar a regularizar la situación de quienes ya se encuentran en nuestro país y favorecer la reagrupación familiar y la acogida temporal de quienes vengan a partir de ahora.
Implicaciones jurídicas
La exministra de Defensa y actual presidenta de la sección de Derecho Militar y Seguridad del ICAM, María Dolores de Cospedal, y el magistrado Ignacio Ulloa, especialista en materia del Estado de Derecho, Seguridad, Justicia Criminal y Derechos Fundamentales, han participado en una sesión informativa sobre las implicaciones jurídicas de la invasión de Ucrania.
Organizada por el Colegio de Abogados de Madrid, a través de sus secciones de Derecho de la UE y Derecho Militar, y con la colaboración de la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR), durante el acto se han abordado tanto las posibles consecuencias penales por la agresión rusa como la efectividad de las sanciones impuestas por los aliados occidentales contra el régimen de Putin
Para Cospedal, la Alianza Atlántica juega un papel fundamental en la resolución de esta crisis y España debe ser un aliado fiel y leal participando en todas las dimensiones de la respuesta articulada desde la OTAN. En ese sentido, se ha mostrado partidaria del envío coordinado de armamento letal para apoyar la defensa ucraniana de su territorio. “La legalidad internacional no puede estar permanentemente siendo atacada desde fuera sin que el mundo defensor del Estado de Derecho, fundamentalmente representado en Naciones Unidas, pero también en la alianza atlántica, haga nada”.
También ha querido poner en valor la respuesta europea a la agresión rusa. “Una respuesta como la que ha tenido Europa en este tema nunca se había visto, los europeos hemos encontrado un motivo para estar unidos”, ha declarado.
En cuanto a la posible responsabilidad penal de los instigadores de la agresión, la experta en Derecho Militar ha señalado su convencimiento de que se acabará dirimiendo en los tribunales internacionales. “Estamos en una etapa inicial del conflicto, pero qué duda cabe que el análisis que se pueda hacer de la invasión, porque ha sido una invasión, no una declaración de guerra, de la vulneración de los derechos, del ataque a un país, como mínimo estamos hablando de cuestiones que pueden ir a un tribunal internacional”, ha señalado.
En cuanto al modus operandi, revela un “afán expansionista que responde a criterios del pasado”, puesto que se está llevando a cabo un tipo de guerra “que pensábamos que no íbamos a volver a ver”. Sin embargo, ha precisado, “una cosa es ocupar una ciudad y otra cosa es mantenerse. Mantener la ocupación requiere mucho dinero, muchos medios y muchos efectivos, y está claro que Rusia no los tiene”.
Sanciones internacionales
Por su parte, el magistrado Ignacio Ulloa se ha referido en su intervención al origen, marco regulatorio y eficacia de las sanciones contra el régimen ruso. Según ha explicado Ulloa, “las sanciones son mecanismos no punitivos, pero relativamente eficaces”. En el caso concreto de Rusia, ha recordado que su origen se remonta a 2014, tras la anexión rusa de Crimea. Desde entonces, las medidas sancionadoras se han venido aplicando a razón de reglamentos y decisiones semestrales para mantener la presión sobre los oligarcas y sus finanzas, si bien “en los últimos cinco días se ha producido una revolución en la imposición de las sanciones”.
Las sanciones impuestas a 654 individuos, cuyos bienes están bloqueados, y 52 sociedades puramente rusas, abren una nueva etapa en esta materia. Para Ulloa, junto con la amenaza de procesamiento en tribunales internacionales por la comisión de crímenes de guerra, las sanciones demostrarán su eficacia porque son “argumentos de la razón del derecho que contrapesan en la balanza del diálogo frente a la fuerza bruta. Nosotros les damos a los sancionados los derechos que no conceden a las personas del país que están ocupando, es la diferencia entre el imperio de la ley y el imperio de la fuerza”.
Si Rusia gana la guerra, ha advertido, “y tiene visos de que puede ganarla en lo militar, puede suceder que devenga inmune, pero el mundo es un sitio más pequeño de lo que parece. La justicia, muchas veces, si se ejecuta inmediatamente es venganza, pero si se ejecuta diferida es inapelable.”
Consecuencias económicas en España
En cuanto al posible efecto boomerang que puedan tener las sanciones sobre la economía española y europea, Ulloa ha reconocido que al final se trata de un debate entre el hombre ético y el hombre económico: “la libertad tiene un precio, y eso debe estar en el trasfondo de las decisiones. Hay una motivación superior que lo justifica”, ha advertido.
En esa misma línea se ha pronunciado Dolores de Cospedal: “llevamos tanto tiempo disfrutándola que parece que no cuesta nada, pero la libertad tiene un precio, y hay veces hay que pagarlo. No de una manera tan brutal como Ucrania, pero tendremos que hacerlo”.
Economía madrileña
En el marco del Foro Justicia que se ha celebrado también este viernes en el Colegio de Abogados de Madrid, el presidente de la patronal madrileña ha recalcado la necesidad de intensificar la presión económica contra el régimen de Moscú a pesar del impacto negativo que tendrá sobre las cuentas de resultados de las empresas madrileñas.
“Entendemos que estamos en una situación excepcional, somos conscientes de que la factura la tendremos que pagar todos, pero creemos que es un momento para no escatimar en ese esfuerzo”, ha señalado. Más allá de los intereses puntuales de las empresas afectadas, para las que ha solicitado el apoyo y las ayudas que sean necesarias, Garrido ha asumido que para poner fin a la amenaza rusa hay que “hacer lo que tenemos que hacer. Es un momento de enorme responsabilidad de cada uno, y hay que tomar las medidas que sean necesarias para parar a este tirano que está causando tanto daño y que además es una amenaza futura para todos nosotros”.
Por tanto, ha proseguido, “la prioridad es ponérselo difícil y al ponerlo difícil es evidente que ya tenemos consecuencias”, que afectan especialmente al sector del turismo. Sin embargo, esas consecuencias no deben permitir que se deje de tomar “ni una sola de las medidas, por dolorosas o costosas que sean, que puedan contribuir a acabar con este personaje”.
Para Garrido, se trata de un ataque “del cual todos somos víctimas, no solo por nuestra forma de vivir, sino que es un ataque a nuestra forma de ser, a nuestra sociedad, porque están atacando a nuestros hermanos europeos y tenemos que sentirlo como una agresión en carne propia”.
Por todo ello, el presidente de CEIM considera que “tenemos que ser más beligerantes todavía; el genocida Putin tiene que notar que estamos todos en contra y denunciando la barbaridad que está haciendo”, ha concluido.
