El pasado lunes, las asociaciones convocantes de la Huelga Indefinida de Letrados
de la Administración de Justicia (LAJs), prevista para el próximo 24 de enero,
remitieron a la Ministra, Pilar Llop, un requerimiento formal para que se convoque a
los convocantes de los paros indefinidos así como al comité de huelga, a una
negociación real y de buena fe.
En este sentido, el Colegio Nacional de letrados de la Administración de Justicia
(CNLAJ), Unión Progresista de letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), y
Asociación Independiente de letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ) han
exigido a la titular de Justicia que se haga efectivo el derecho de los Letrados
Judiciales a ser defendidos por sus asociaciones.
Además, se ha requerido al Ministerio de Justicia que convoque al Consejo del
Secretariado inmediatamente, para que pueda cumplir con las obligaciones que
tiene legalmente conferidas.
Desde las Asociaciones de LAJs se ha asegurado que, de no ser atendido este
requerimiento, están legitimadas, ante la sociedad y ante los profesionales del
derecho, a mantener las reclamaciones mediante la huelga, atribuyendo
expresamente al del Ministerio de Justicia la responsabilidad de todos los retrasos e
inconvenientes que se generen, sin perjuicio del resto de consecuencias legales que
pueda tener CNLAJ, UPSJ y AInLAJ han calificado de “lamentable” el hecho de contemplar cómo el ministerio de Justicia incumple de manera sistemática la Ley y las obligaciones que tiene con los Letrados de la Administración de Justicia y su
asociaciones. Han asegurado que, desde hace meses, “la Ministra y los altos cargos
de su Ministerio parece que han decidido no escuchar a los LAJs mientras sigamos
en situación de conflicto” cuando la realidad es que “hemos tenido que llegar al
conflicto al no ser ni citados, desde hace meses, desconociendo abiertamente los
compromisos que asumieron”.
Una situación que se agrava, día tras día, y más cuando se está modulando el futuro
de la oficina judicial, dirigidas por los Letrados de Justicia, en las leyes de eficiencia.
Finalmente, desde las asociaciones convocantes se ha repetido que se trata de una
huelga indefinida que paralizará los Juzgados y Tribunales del país con las
consecuencias que esto supone para la ciudadanía, tejido empresarial y operadores
jurídicos.