Elena Mancha, Juan Manuel Ortiz (vocal de ASNALA) y Federico Navarro
La desigualdad entre mujeres y hombres en el mercado laboral continúa siendo un problema estructural de la sociedad española. Esta es una de las conclusiones a las que se ha llegado en el XXIII Congreso de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA), celebrado durante este fin de semana en Santiago de Compostela. En una ponencia dedicada a las principales obligaciones empresariales en materia de igualdad, diversidad y violencia en el trabajo se destacó el dato que aportan diversos organismos internacionales: la incorporación de la mujer al mercado laboral en igualdad total incrementaría el PIB en torno a un 30 %.
Elena Mancha Montero de Espinosa, inspectora de Trabajo y Seguridad Social y actual directora general de Relaciones Laborales en la Conselleria de Promoción del Empleo e Igualdad de la Xunta de Galicia, explicó por qué la igualdad de género no es solamente una cuestión de justicia social, sino también una cuestión económica que lastra el crecimiento de países como España. “Los estados más igualitarios son los que tienen mayor crecimiento económico y, los españoles y españolas, a pesar de que disponemos de normativa suficiente para que este derecho se pueda ejercer de maneral real y efectiva, todavía no hemos llegado a esta meta”, consideró Elena Mancha.
Durante su intervención en el XXIII Congreso ASNALA compartió otros datos relevantes como que el 85 % de las medidas de conciliación son solicitadas por mujeres y la brecha salarial oscila en torno a un 20 %. Por ello, esta experta habló del denominado techo de cristal como “más bien un techo de cemento, además esta desigualdad se incrementa cuando se trata de una mujer discapacitada, lesbiana, negra o mayor de 55 años”.
Federico Navarro Nieto, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Córdoba, coincidió con la inspectora de trabajo al asegurar que “la realidad sigue siendo insatisfactoria, a finales del año 2022 solo alrededor de un 24 % de las empresas de 50 o más trabajadores contaban con un Plan de Igualdad”. Para el catedrático, hay un problema de infraestructurales empresariales y la documentación a cumplimentar es “muy exigente”.
