Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz
Estas líneas traen causa de la Sentencia que una de las Secciones Penales de la Audiencia de Badajoz dictó el 24 de julio, acerca de un caso de enchufe en la Diputación, con condenas de inhabilitación por haber prevaricado al enchufante -un tal Gallardo, a la sazón Presidente- y, lo que es más extraño, también al enchufado, el hermano de quien ya sabemos.
En la provincia de Badajoz nació en 1803 Juan Bravo Murillo (como por cierto también fue allí donde vino al mundo, poco más tarde, en 1809, otro Juan llamado a las mayores glorias, Donoso Cortés: pelín de derechas, eso sí). Del primero, Bravo Murillo, hay que recordar que puede apuntarse la medalla de haberse puesto a profesionalizar el acceso y la carrera de los que trabajan para el interés general, que encuentran hoy su código en el Estatuto Básico del Empleado Público, cuyo Texto Refundido sigue siendo el aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. Lo del ilustre estadista pacense fue el Real Decreto de 18 de junio de 1850, fijando las bases que han de observarse para el ingreso y ascenso para todos los empleos de la Administración Activa del Estado, en plena década moderada y como un factor de racionalización y modernización (recuérdese, dicho sea de paso, que los primeros ferrocarriles son de esa época). En esa disposición se encuentran reglas tan sensatas como la siguiente: “Para aspirar a la Categoría de Jefe de negociado se exige haber practicado 6 años, al menos, en las clases inferiores, con buenas notas. Introdúcese, sin embargo, una excepción a favor de los que se hayan investido con los grados académicos de doctores o licenciados, u otro título análogo de capacidad” y ello porque “la ciencia se va haciendo más necesaria que la práctica minuciosa de las oficinas”. Ahí está el (feliz) origen de lo que la Constitución de 1978, en su Art. 103, en su proverbial empeño en descubrir mediterráneos y presentarlos como innovaciones, denomina “mérito y capacidad”. Y por medio nos podemos encontrar con la Ley de Bases de 1918 -el Estatuto Maura– o, en el franquismo, la Ley de Funcionarios de 1964. Las normas bienintencionadas son legión.
Pero bien se sabe que hay normas que chocan contra el muro de la realidad, porque los dedazos -vamos a decirlo con la expresión mexicana: también podríamos hablar de recomendaciones, de colocaciones, de caciquismo, de clientelismo, de partitocracia o de cualquier otro de los muchos nombres de la sociedad tribal que tenemos- están a la orden del día. Benito Pérez Galdós, en 1912, en el episodio Cánovas, último de los que escribió, afirmó que “los dos partidos que se han concordado para turnar pacíficamente en el poder son dos manadas de hombres que no aspiran más que a pastar en el presupuesto”.
Y, dentro de ese nada edificante contexto general -el ser, no el deber ser: la navaja de Hume resulta aquí indispensable para que los estudiosos de las normas no se pierdan en la metafísica-, sucede que si alguna Administración tiene el dudoso honor de llevarse la palma a la hora de prevaricar son las Diputaciones -sin discriminación de credos ni de territorios: la España plural de las lenguas propias y los hechos diferenciales de cada palmo se muestra aquí monolítica y sin fisuras-, más incluso que los Ayuntamientos (por ejemplo, Jerez o Arcos de la Frontera), que ya es decir. Para que ahí condenen a alguien por enchufar, la cosa tiene que haber sido muy escandalosa, como sucedió con Baltar, de Orense, que solo en un trimestre tuvo la ocurrencia de licitar más de cien contratos por el procedimiento de urgencia y saltándose la Ordenanza: la condena por prevaricación, que se dictó en 2014, estaba cantada, porque todo, y también la estética, tiene un límite.
Lo que acaba de suceder en Badajoz es distinto, porque el enchufado -el colocado, también se podría decir- ha sido sólo uno. Que haya dado lugar a una condena resulta por tanto insólito y sólo se puede explicar -circunstancias fraternas al margen- porque las cosas se han hecho rematadamente mal: también -sobre todo, pudiera precisarse- la torpeza (o sea, meterse goles en propia puerta) es de hecho un delito.
Alejandro Nieto nos explicó que una cosa son las argumentaciones escritas que ofrece una Sentencia (la “motivación”) y otra muy distinta las razones reales que han llevado a los jueces a dictarla. Estas últimas no constan en ninguna parte y por tanto hay que entrar en el reino de las conjeturas, pero con toda probabilidad se trata de los siguientes tres factores:
1) La innecesariedad de echar mano de algo tan esotérico y ajeno a los intereses de la gente como una Oficina de las Artes y la Música, como si estuviésemos en Salzburgo. En la Corporación provincial de Badajoz, con 27 miembros, cada grupo político cuenta con una subvención de 1.750 Euros/mes por Diputado, lo que, para el partido del que estamos hablando, que cuenta con 16, es muchísimo: 28.000. Ahí hay más que suficiente pasto -es la palabra de Galdós- para colocar a quien se desee sin escándalo alguno. El dinero está precisamente para eso. Cuando los políticos quieren esmerarse y piensan en hacer lo mismo pero saliéndose del carril, malo.
2) Un editorial del diario gubernamental de 10 de junio, recién terminado el juicio, donde se afirma que lo que está en juego es nada menos que la credibilidad… ¡de la justicia! El título lo dice todo: Un juicio insólito. Fue el peor servicio que se pudo haber hecho a los acusados. Después de eso, no tenían salvación, aunque se hubiese tratado de un coro de arcángeles celestiales. Hay cariños que matan. Todo el que elabora un discurso para mantener prietas las filas de la tropa debe evitar que el texto caiga en poder de terceros, porque el resultado suele ser contraproducente. Parece mentira que a estas alturas se ignore una consigna tan elemental: es del primer curso -del primer trimestre, incluso- de cualquier batalla. Todo mensaje tiene un emisor, pero también unos receptores y hay que pensar también en ellos cuando se escribe.
3) Que se hiciera público -poco antes, el 31 de mayo- que la Magistrada instructora, una tal Beatriz Biedma, había venido siendo vigilada por la famosa fontanera, Leire Díez. Otro golazo en propia puerta y éste por la mismísima escuadra. Imparable, incluso para Ricardo Zamora, Iríbar y Unai Simón juntos. Casi pareciera que la tal Leire es un submarino del PP.
En suma, que en el resultado final ha habido mucho de autocondena: un verdadero empeño -se habría podido colocar al hermanito de otras muchas maneras- en hacerlo rematadamente mal. Se acuerda uno mucho de aquello del gran Alfredo Di Stéfano, cuando se le preguntaba qué debía esperarse de un portero y él respondía: “Que la pelota que va fuera, no se la meta dentro”
