Sofía Puente, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública; Juan Carlos Campo, ministro de Justicia; María Emilia Adán, decana del Colegio de Registradores; y Sebastián del Rey, director de Responsabilidad Social Corporativa del Colegio de Registradores

El Ministro de Justicia ha inaugurado la jornada sobre Modernización del lenguaje jurídico, organizada por el Colegio de Registradores de España. En su conferencia, Juan Carlos Campo ha anunciado que se propone retomar “con determinación e inmediatez” el trabajo realizado por la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico que impulsó durante su etapa al frente de la  Secretaría de Estado de Justicia. El ministro ha insistido que “la modernización de la Justicia exige una adaptación del lenguaje jurídico para romper los muros que la separan de la ciudadanía”, y ha añadido que “ciudadanía y justicia son un binomio inseparable”. En su intervención el titular de Justicia ha afirmado que la “democracia exige transparencia y claridad”, así como “argumentos comprensibles  y, por tanto, susceptibles de ser criticados”.

La decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán, ha destacado en su presentación de la jornada que “los profesionales del Derecho debemos comprometernos a expresarnos con claridad sin merma del rigor jurídico”, y se ha referido a que “los registradores contamos desde el año 2014 con una guía explicativa del significado de las cargas y gravámenes que se relacionan en las notas simples y certificaciones. Pretendemos hacer efectivo el derecho del ciudadano a entender”.

El catedrático de Lingüística General de la Universidad de León y miembro de la Real Academia Española, Salvador Gutiérrez Ordoñez, ha disertado sobre lengua y Derecho. En este sentido, ha explicado cómo en el lenguaje jurídico la lucha por la precisión lleva a la paradoja de la incomprensión por parte del destinatario, lo que ha definido como fracaso y ha abogado por las expresiones más simples como mejor forma de comprensión, a la vez que ha insistido en la necesidad de huir del lenguaje farragoso, de los términos arcaicos y de los párrafos muy largos.

La jornada ha concluido con una mesa redonda sobre democratización del lenguaje jurídico, moderada por Carlos Berbell, director de Confilegal, quien ha señalado que “el derecho a comprender ha llegado para quedarse”.

La mesa ha contado con la participación de Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica de España, que en su intervención ha manifestado que “los tecnicismos, el argot o las expresiones en latín, han levantado un muro de incomprensión entre la Justicia y la sociedad que entre todos debemos derrumbar”. Estrella Montolío Durán, catedrática de Lengua Española de la Universidad de Barcelona y asesora de la Comisión Interministerial de Modernización del Discurso Jurídico, ha señalado que “la claridad del discurso jurídico no solo es deseable, sino que también es posible” y ha relatado como la experiencia demuestra que los juristas que redactan de un modo claro se sienten más satisfechos en su quehacer cotidiano. Jesús María García Calderón, vocal de la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico y Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha hablado de la necesidad de que el buen jurista tenga una formación humanística y lingüística para luchar contra la oscuridad del lenguaje jurídico. María Jesús González-Espejo, directora del Instituto de Innovación Legal y experta en legal design thinking, la mesa redonda ha subrayado que para lograr que los juristas hablen más claro primero es necesario cambiar la mentalidad de los propios juristas. “El derecho comprensible exige primero gestión del cambio”.