Raúl Pardo-Geijo Ruiz
La pesadilla frente al sospechoso, José V, de 43 años vecino de Murcia, comenzó cuando se decretó su ingreso en prisión provisional en abril de 2016 acusado de supuestos tocamientos, masturbación y penetraciones a dos menores de 5 y 9 años, familiares entre sí. La Juez ordenó su encierro, diciendo «hay indicios suficientes para a priori imputarle» esos dos delitos de abuso o agresión sexual. Explicó que el médico forense que examinó a las dos menores «considera que el relato de estas es coherente» y recalca que existen «datos colaterales» que vienen a reforzar la denuncia.
A ello se sumaba otra denuncia por abusos sexuales a otra niña de 10 años que ninguna relación tenía con las primeras y, también, que José V ya se enfrentó años antes al peso de la justicia y salió indemne. La Audiencia Provincial de Murcia lo absolvió en junio de 2004 de la violación grupal de una menor en Abanilla por la que fue acusado y por la que pasó más de un año en prisión provisional. Salió absuelto y el Estado le indemnizó con una cuantiosa suma millonaria.
Poco tardo el acusado en contratar los servicios del abogado penalista murciano, Raúl Pardo Geijo Ruiz. En apenas 15 días comenzaron a sembrarse las primeras y serias dudas que luego acabarían en su exculpación. La Juez sostenía en el auto de prisión que, además de los indicios médicos apuntados, fue la abuela de una de las niñas (que ahora se sienta en el banquillo por acusación y denuncia falsa) la que dio la voz de alarma después de que la pequeña le relatase la agresión de la que había sido víctima. La niña refirió que el acusado, al que conoce del vecindario, la invitó a entrar en su vivienda para darle unas golosinas y, una vez dentro, la desnudó, se bajó los pantalones y la obligó a tener sexo oral. La abuela, según explicó, descubrió los hechos al ir a lavar a la pequeña y descubrir que esta no quería que le tocase los genitales al sentir cierto dolor. Al preguntarle, la niña relató a su familiar lo que le había ocurrido. La familia trasladó rápidamente a la menor al hospital donde fue examinada. Los facultativos hallaron en la pequeña ciertos indicios que podrían ser indicativos de un presunto abuso sexual. La abuela de la pequeña explicó a los agentes que, a raíz de estos hechos, recordó que meses atrás había advertido manchas de sangre en la ropa interior de su propia hija, de nueve años. Al preguntarle sobre aquello la niña le confesó que también en ese caso había sido su vecino, José V., el que la había sometido a abusos sexuales, aunque no se lo contó en su momento por miedo.
El presunto pederasta –que no había declarado ante la policía– sí lo hizo ante la Juez y relacionó la denuncia con el hecho de que la denunciante -abuela de una menor y madre de la otra- no cuente con ayudas de los servicios sociales. Sostuvo ante la juez que no siente ningún tipo de atracción por estas niñas, que, subrayó, «están dirigidas por alguien» el abogado de su defensa, el penalista Raúl Pardo Geijo Ruiz fue más allá. Sostenía el abogado murciano, en un duro escrito ante el juez, que la denunciante de estos presuntos abusos -la madre y abuela de las niñas- fue condenada, junto a otra de sus hijas, en un juzgado de instrucción de Murcia por un delito de acusación y denuncia falsa pero, además, según sus investigaciones privadas, esta mujer había interpuesto, entre este año y el pasado, otras cuatro denuncias por presuntos episodios de agresión sexual -contra otras personas diferentes de José V- por lo que el letrado reclamaba a la juez que recabase información sobre estos otros casos. Pardo Geijo Ruiz sostenía que la denunciante «pudo manipular tanto a su hija como a su nieta» e insinúa que tras la acusación puede encontrarse un «fin espurio, no descartando que pueda ser el puramente económico».
Y llegó la libertad. Apenas un mes después, con obligación de no acercarse ni comunicarse de ningún modo (ni siquiera a través de gestos) con las dos pequeñas a las que presuntamente sometió a tocamientos y sexo oral. En caso de incumplir alguna de estas obligaciones se acordaría su reingreso en prisión provisional. Siguió la instrucción y el interrogatorio que realizó el abogado penalista al equipo de psicólogos arrojó algunas sombras sobre el caso. Los expertos concluyeron que «no se puede afirmar, pero tampoco negar» que las menores hayan sido víctimas realmente de esos supuestos abusos. Y es que, a Pardo Geijo no pareció convencerle esa simple respuesta. Tras varios escritos insistiendo ante el Juzgado, los psicólogos acabaron reconociendo que el testimonio «no cumple suficientes criterios de credibilidad y validez». Abría así la puerta, en este caso, a que «la hipótesis más viable» sea que algunos de los supuestos abusos que esta niña asegura haber sufrido a manos del presunto pederasta sean reales, pero quizás la menor haya sido «influida» para realizar «alegaciones adicionales falsas» que, remarcan los expertos, están impidiendo aclarar la verdad del asunto. En otro de los casos, según recogen estos informes, los expertos aseguraron que una de las menores, de 5 años, en la última entrevista acordada por la Juez, dijo que todo lo que había contado era mentira y que había sido su abuela la que se lo había dicho.
Sobreseimiento provisional del caso. Pardo Geijo relataba que «La denuncia es falsa y solo responde a fines puramente crematísticos de la denunciante» y a ello se sumaba la absolución de otra causa por abusos (menor de 10 años) dadas las contradicciones en las que incurrió la menor en su interrogatorio, que acabó reconociendo conocer a las otras dos menores denunciantes. Se había dado carpetazo por dos Juzgados distintos a estas causas que pesaban sobre el presunto pederasta de Murcia y que le podrían haber deparado una pena de más de 25 años. Pero el abogado murciano no se conformó con un sobreseimiento “provisional” y recurrió a la Audiencia de Murcia consiguiendo que ésta decretara el sobreseimiento libre y ordenase a la Juez instructora la apertura de un procedimiento por “Acusación falsa frente a la denunciante”. Ahora, la acusada de imputar abusos a su vecino afronta 4 años de prisión y una indemnización de más 80.000 euros al denunciado. Según sostiene en su escrito de acusación, E.F. acudió el 21 de abril de 2016 a la Policía Nacional de Murcia. «con pleno conocimiento de la falsedad de su relato», sostiene el letrado y denunció que su hija y su nieta, de 9 y 5 años, habían sido agredidas sexualmente por su vecino. El juicio por dos delitos de denuncia falsa frente a esta mujer se celebrará en los próximos meses ante la Audiencia Provincial de Murcia.
