El Gobierno ha eludido responder al Grupo Compromis a la pregunta de si eliminará el IRPH que aún soportan los hipotecados de varias promociones de vivienda protegida, un compromiso que fue asumido por parte de los grupos políticos que hoy conforman el Ejecutivo y que se refleja en una proposición no de ley del Grupo Socialista y en el apoyo explícito del Defensor del Pueblo.
A diferencia del IRPH de las hipotecas convencionales, el que soportan determinadas promociones de vivienda pública en nuestro país no puede litigarse en los tribunales, sino que compete al Gobierno su modificación, mediante acuerdo en consejo de ministros.
Pero en la respuesta dada a la pregunta parlamentaria formulada en julio por Compromis se limita a decir que “los tipos de interés previstos en los contratos de préstamo no se fijan por disposición pública, sino que son el resultado de la operatividad del principio de libertad de pactos entre prestamista y prestatario”. Una respuesta ante la que se insta a Compromis a pedir información adicional al Gobierno, ya que parece que quien la ha redactado desconoce que los tipos de interés en VPO son fijados en Consejo de Ministros.
La Coordinadora Nacional Plataforma de afectados por VPO y ASUFIN exigen al Gobierno que cumpla con los compromisos adquiridos en el pasado, como el acuerdo rubricado en la Comisión de Fomento, en noviembre de 2017, que aprobó con modificaciones la Proposición no de Ley sobre el interés de vivienda protegida, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. En ese documento, se instaba al Gobierno “a fijar un nuevo procedimiento de cálculo de estos tipos de interés de préstamos destinados a la adquisición de vivienda protegidos, más justo y orientado a su función social. Este nuevo procedimiento debe incluir mecanismos correctivos que impidan que los tipos fijados excedan a los del mercado libre. En ningún caso debe seguir empleándose el IRPH de entidades. El Gobierno deberá tener en cuenta a las asociaciones de afectados antes de la modificación del procedimiento”.
El IRPH ha sido el índice de referencia de las promociones de vivienda pública hasta el plan de 2005-2008. Esta última promoción accedió a la compra de vivienda pública en el contexto de la burbuja inmobiliaria por lo que el sobrecoste que tuvieron que asumir, unido al IRPH, provocó que años más tarde, en 2012, la vivienda social fuera más cara que la de renta libre.
La Coordinadora Nacional Plataforma de Afectados por VPO considera que “el Gobierno vuelve a dar la callada por respuesta en cuanto a la recuperación de la subsidiación y resulta ofensiva la respuesta dada en sede parlamentaria”.
ASUFIN apoya la causa de estos afectados dado que “precisamente se trata de hipotecados que acceden al mercado de la vivienda a precios más ventajosos debido a su condición de mayor vulnerabilidad, por lo que no se entiende que el índice de referencia se fije al IRPH cuando se ha demostrado que supone un claro sobrecoste con respecto al Euribor”, en palabras de Patricia Suárez, presidenta de la asociación. “Se trata de una injusticia flagrante – añade – que sólo el Gobierno está en condiciones de corregir”.
