Millones de mujeres y niñas en todo el planeta siguen siendo hoy blanco específico de violaciones de los derechos humanos por el mero hecho de ser mujeres, entre ellas, la pobreza, el abandono educativo, los matrimonios forzados, la mutilación genital, la violencia en la comunidad y en la familia, las agresiones sexuales o el tráfico de mujeres y niñas.

Pero también en éste, nuestro primer mundo, ha bastado un año de pandemia para agudizar las diferencias, para revelar lo frágiles que son los avances hacia la igualdad de género. Durante el confinamiento se han potenciado los factores de riesgo de sufrir violencia de género acentuados con la crisis económica y de salud. Durante 2020, 45 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas.

Por otra parte, constatamos la agravación de la brecha de género en el ámbito laboral, pues no solo la mayoría de las personas con jornada suspendida o reducida por ERTE son mujeres (casi medio millón en este momento), sino que también el 70% de ellas están en situación de desempleo y siguen siendo mayoritariamente relegadas a trabajos a tiempo parcial o a trabajos precarios, lo que las sitúa en una situación de pobreza o grave riesgo económico.

Si bien la pandemia puso de manifiesto la vulnerabilidad personal y la interdependencia social, de tal forma que el derecho/deber de cuidados se revela como esencial para la protección de toda la sociedad, lo cierto es que se ha acentuado la feminización de las actividades domésticas y de cuidados – ellas concilian permanentemente, mientras ellos lo hacen puntualmente, en tanto que el apoyo a los menores y el cuidado de los mayores ha incrementado la necesidad de atención-,lo que ha causado un mayor impacto en la salud física y mental de las mujeres.

Es cierto que se han dado pasos para evitar que esta crisis, como tantas otras, suponga un nuevo paso atrás en la lucha para la igualdad efectiva. En el ámbito laboral se han aprobado las normas sobre extensión de los Planes de igualdad en las empresas, la obligación de las auditorias y registros retributivos que permitan detectar la desigualdad por razón de género las discriminaciones indirectas. La regulación del teletrabajo está permitiendo que muchas mujeres no queden excluidas del mercado laboral.

También asistimos a un cierto avance en el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género; así tras el inicial Real Decreto-ley 12/2020, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género durante la situación de emergencia, ya está en trámite el proyecto de Ley que permite la extensión de las medidas extraordinarias, refuerza la protección de los menores y presta especial atención a aquellas mujeres que sufren discriminación.

Por otra parte, se avanza hacia la aprobación de una ley de garantía de la libertad sexual en la que se desarrollan medidas de prevención, detección, sensibilización y protección contra la violencia sexual, más allá del debate sobre aspectos penales, partiendo de la discriminación estructural que sufren las mujeres. Todo ello en la línea del Convenio de Estambul, ratificado en nuestro país en 2014 y una norma que consideramos imprescindible.

En este 8 de marzo sigue siendo necesario e imprescindible luchar activamente para erradicar la discriminación de las mujeres. Desde Juezas y Jueces para la Democracia reafirmamos nuestro compromiso con la Igualdad.