Tribunal de Justicia de la UE

El pasado  domingo 18 entraba en vigor la llamada Ley Europea de Restauración de la Naturaleza tras cumplirse los tres meses desde su aprobación. Sin embargo, es posible que la ley sea finalmente anulada por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) con sede en Luxemburgo. Austria anunció que elevaría recurso de anulación después de que su ministra de Medio Ambiente, Leonor Gewesster, votará a favor del controvertido reglamento permitiendo su aprobación.

Además, Finlandia, Italia, Hungría, Holanda, Polonia y Suecia votaron en contra y Bélgica se abstuvo. Las reticencias apuntan al elevado coste de aplicar la norma y a las posibles restricciones sobre la agricultura. “La Comisión Europea ha tratado de calmar las críticas apelando a la aplicación nacional de la normativa”, explica Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, despacho especializado en derecho europeo. “Además, el reglamento europeo está en un ‘veremos’ hasta que el TJUE no se pronuncie al respecto”, añade.

El reglamento establece la obligatoriedad de recuperar el 20% de los espacios terrestres y marítimos para el 2030 y la totalidad en el 2050. Eso se traduce en repoblación de bosques y humedecimiento de páramos que deberán plasmarse en un Plan Nacional de Restauración. “Pero el plan también plantea la eliminación de barreras artificiales en ríos; ¿eliminaremos la desviación del Turia en Valencia asumiendo el riesgo de nuevas inundaciones?”, se pregunta el experto.

El reglamento apunta a que el 80% de los hábitats naturales se encuentran en mal estado y un 70% del suelo en situación insalubre. “Desconocemos los criterios de estas conclusiones pero son -quizás- excesivamente catastrofistas; es obvio que podemos y debemos invertir en conservar nuestro patrimonio natural. Pero esa inversión no puede poner en riesgo ni nuestra seguridad personal y alimentaria ni nuestro equilibrio presupuestario”, señala Navas.

Por eso, ante las incertidumbres que se ciernen sobre la controvertida ley europea, el experto reclama “seguridad jurídica, ponderación y consenso” a las instituciones comunitarias. “Hay que buscar un equilibrio entre la protección del medio ambiente y la viabilidad de la agricultura en la que se basa nuestra suficiencia alimentaria”, concluye el socio-director de navascusi.com.