El Colegio de la Abogacía de Madrid considera que la iniciativa responde a sus reivindicaciones, aunque exige medidas urgentes para afrontar los 78.518 asuntos pendientes en la jurisdicción social madrileña.
Eugenio Ribón y Juan Manuel Mayllo en la Sala Abogacía de Princesa
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha valorado positivamente la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de poner en marcha un plan de choque dirigido a las 50 plazas de la jurisdicción social con mayor acumulación de asuntos pendientes. No obstante, la institución colegial considera imprescindible que la iniciativa se traduzca cuanto antes en medidas concretas y que el resto de las administraciones competentes contribuya a reforzar los recursos disponibles.
El anuncio del CGPJ se produce en un contexto de creciente preocupación por los retrasos en la jurisdicción social. Según los datos difundidos por el ICAM, los Juzgados de lo Social de Madrid cerraron 2025 con 78.518 asuntos pendientes, lo que representa un incremento del 26,8 % respecto al ejercicio anterior.
Esta acumulación afecta a procedimientos especialmente sensibles para los ciudadanos, como despidos, reclamaciones salariales, incapacidades y prestaciones de la Seguridad Social, en los que la demora judicial puede tener consecuencias económicas y personales importantes.
Eugenio Ribón pide una respuesta coordinada de las administraciones
Eugenio Ribón, decano del ICAM, ha celebrado la iniciativa del CGPJ, que considera alineada con las reivindicaciones planteadas por el Colegio durante los últimos meses.
«Celebramos que el Consejo General del Poder Judicial dé este paso para afrontar una situación que llevamos meses denunciando. Es una respuesta en línea con las medidas que venimos reclamando desde el Colegio», ha señalado.
Sin embargo, Ribón ha insistido en que la actuación del órgano de gobierno de los jueces debe complementarse con decisiones del Ministerio de Justicia, la Comunidad de Madrid y las demás administraciones implicadas.
«La Justicia Social necesita una respuesta conjunta, urgente y sostenida», ha afirmado.
El ICAM considera que la reducción de los retrasos exige no solo medidas extraordinarias de refuerzo, sino también recursos suficientes para garantizar el funcionamiento ordinario de los órganos judiciales.
La campaña SOS SOCIAL plantea 19 medidas contra los retrasos
El pasado mes de septiembre, el Colegio puso en marcha la campaña «SOS SOCIAL. Justicia retrasada, Justicia denegada», con la que presentó 19 propuestas destinadas a reducir la pendencia judicial, reforzar las plantillas y mejorar el funcionamiento de la jurisdicción social.
En el marco de esta iniciativa, el ICAM ha mantenido reuniones con despachos especializados en Derecho Laboral, abogados que ejercen ante los órganos de lo Social y representantes de otros colectivos profesionales, incluidos los graduados sociales.
Juan Manuel Mayllo, diputado de la Junta de Gobierno del ICAM, considera que el anuncio del CGPJ demuestra que las reivindicaciones de la abogacía están siendo escuchadas, aunque advierte de que todavía queda pendiente su aplicación práctica.
«Es un primer paso importante, pero el objetivo no es anunciar soluciones, sino conseguir que los ciudadanos dejen de esperar años para ver reconocidos sus derechos», ha señalado.
El Colegio ha anunciado que mantendrá sus actuaciones institucionales y la recogida de firmas de la campaña SOS SOCIAL, al tiempo que continuará reclamando una actuación coordinada de las administraciones competentes.
La puesta en marcha del plan de choque del CGPJ supone así una primera respuesta institucional a la acumulación de procedimientos, aunque su eficacia dependerá de los refuerzos que finalmente se materialicen y de su capacidad para reducir los tiempos de resolución de los conflictos laborales.
