El magistrado Alberto Jarabo Calatayud, titular de la plaza número 19 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia, ha acordado elevar al Tribunal Supremo la causa penal conocida como caso Ribó, que investiga presuntas irregularidades urbanísticas relacionadas con la construcción de instalaciones deportivas en terrenos protegidos de la huerta de Valencia.
Mediante un auto de 22 de octubre de 2026, firmado electrónicamente este martes, el juez ha ordenado remitir la totalidad de las actuaciones al Tribunal Supremo, acompañadas de una exposición razonada, para que determine si procede investigar a Sandra Gómez López, exvicealcaldesa de Valencia y actual eurodiputada socialista, cuya condición de aforada atribuye la competencia al Alto Tribunal.
La causa cuenta con la personación de la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho y la Lucha contra la Corrupción (ADED), representada por el despacho de abogados Soriano i Piqueras, cuyo socio-director, Víctor Soriano, ejerce la dirección letrada de la acusación junto a Emilio Belencoso.
El juez aprecia indicios de irregularidades urbanísticas
La investigación se refiere a la construcción de una piscina municipal al aire libre promovida por el Ayuntamiento de Alboraya sobre terrenos situados en el término municipal de Valencia, clasificados como suelo no urbanizable de protección agrícola de huerta.
En su resolución, el magistrado constata que las obras se ejecutaron en terrenos pertenecientes a otro municipio, sin la correspondiente licencia urbanística y sobre suelo especialmente protegido.
El auto considera que, en esta fase del procedimiento, existen indicios que impiden descartar la existencia de una infracción penal y que justifican la continuación de la causa, en la que se examinan posibles responsabilidades relacionadas con los artículos 319 y 320 del Código Penal.
La investigación afecta tanto a responsables del Ayuntamiento de Alboraya, por su intervención en la ejecución de las actuaciones, como a responsables del Ayuntamiento de Valencia, por la posible omisión de sus obligaciones de disciplina y protección de la legalidad urbanística.
Sandra Gómez tenía delegadas las competencias para paralizar las obras ilegales
Uno de los aspectos especialmente relevantes de la resolución es el análisis de las responsabilidades atribuidas a Sandra Gómez durante su etapa como concejala y vicealcaldesa del Ayuntamiento de Valencia.
El magistrado señala que, durante el mandato municipal de 2019 a 2023, el entonces alcalde Joan Ribó delegó expresamente en Sandra Gómez competencias para ordenar la paralización de obras ejecutadas sin licencia, requerir su legalización y adoptar medidas de protección y restauración de la legalidad urbanística.
Estas delegaciones constituyen uno de los principales fundamentos de la exposición razonada remitida al Tribunal Supremo, ante la posible responsabilidad penal derivada de la falta de ejercicio de las potestades municipales de disciplina urbanística.
El juez también examina la eventual responsabilidad de Joan Ribó y razona que la delegación de competencias no excluye necesariamente los deberes legales que corresponden al alcalde.
El Tribunal Supremo deberá decidir si investiga también a Joan Ribó
La resolución judicial no se limita a solicitar que el Tribunal Supremo examine la posible responsabilidad de Sandra Gómez.
El magistrado considera que las actuaciones atribuidas a los distintos investigados presentan una conexión que podría justificar su investigación conjunta, dada la relación entre quienes habrían intervenido activamente en las obras y quienes presuntamente omitieron sus obligaciones de control.
Por este motivo, propone que el Tribunal Supremo valore asumir también las actuaciones relativas a Joan Ribó y a los restantes investigados, al considerar que las posibles responsabilidades podrían resultar concurrentes o alternativas.
Será ahora la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la que decida sobre su competencia, la eventual investigación de Sandra Gómez y la extensión de las actuaciones a los demás investigados.
Soriano i Piqueras interviene en representación de ADED
El despacho de abogados Soriano i Piqueras ejerce la representación letrada de la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho y la Lucha contra la Corrupción (ADED), personada en este procedimiento desde febrero de 2025.
La firma considera que la resolución representa un avance relevante en el esclarecimiento de las posibles responsabilidades penales relacionadas con la ocupación y transformación urbanística de terrenos protegidos de la huerta valenciana.
