Estimado
navegante:
A
nadie
se
le
escapa
que
nuestra
justicia
requiere,
como
muchos
de
los
interlocutores
jurídicos
que
han
sido
entrevistados
en
nuestra
publicación
han
comentado,
las
reformas
oportunas
para
ser
ágil,
competitiva
y
ofrecer
la
seguridad
jurídica
al
ciudadano.
En
este
contexto,
es
loable
el
intento
del
Ministro
Gallardón,
en
una
España
en
crisis
por
dar
con
las
teclas
que
ofrezcan
más
celeridad
y
rapidez
a
los
procedimientos.
Hace
unos
días
el
CGPJ
indicaba
que
entraban
en
nuestros
tribunales
más
de 8
millones
de
asuntos,
con
un
ratio
de
4200
jueces
no
parece
sencillo
poder
dar
esa
respuesta
de
calidad
que
empresarios
y
ciudadanos
requieren.
Este
viernes
hemos
conocido
las
interioridades
de
la
LOPJ,
una
ambiciosa
norma
que
pretende
cambiar
el
mapa
judicial
de
nuestro
país
y
reorganizar
nuestros
tribunales
El
objetivo
de
darle
más
celeridad
a
los
asuntos
y
reorganizar
la
carga
de
trabajo
es
interesante
Sin
embargo,
.sorprende,
en
primer
lugar
que
esta
norma
no
haya
sido
acompañada
de
otra
no
menos
importante
como
es
la
Ley
de
Planta
y
Demarcación,
reforma
que
pretende
actualizar
los
partidos
judiciales
al
siglo
XXI.
La
única
respuesta
que
podemos
dar
a
esta
falta
de
coordinación
son
las
elecciones
del
próximo
año
municipales,
porque
una
medida
de
este
tipo
suprimiría
muchos
partidos
judiciales
y
muchos
juzgados
desaparecerían.
El
modelo
de
Tribunal
de
Instancia
ya
funciona
en
Francia
y
Alemania,
en
nuestro
país
se
observa
con
escepticismo
y
alguno
de
sus
detractores
señalan
que
la
sustitución
de
los
jueces
decanos
a
los
presidentes
de
estos
tribunales,
nombrados
por
el
CGPJ
,
puede
generar
ciertos
problemas
de
independencia
o
dirigismo
en
algunos
asuntos.
http://goo.gl/7e5D7g.
Parece
apropiada
la
medida
de
la
llamada
jurisprudencia
vinculante
del
Supremo.
Cada
tres
meses
el
Pleno
de
cada
Sala
decidirá
cuál
es
su
jurisprudencia
vinculante
y se
publicará
en
el
Boletín
Oficial
del
Estado.
A
ella
también
se
incorporará
la
doctrina
creada
en
los
recursos
de
casación
en
interés
de
ley
y la
resultante
de
una
cuestión
jurisprudencial
previa
cuando
así
se
establezca
en
la
sentencia.
Más
controvertida
supone
convertir
en
colegiado
el
fallo
penal
de
la
Audiencia
Nacional.
Los
jueces
consultados
por
la
cadena
SER
sostienen
que
dejar
las
investigaciones
en
manos
de
un
tribunal
colegiado
formado
por
tres
instructores
supondrá
"un
retraso"
en
los
procedimientos,
en
lugar
de
agilizarlos.
Desde
su
punto
de
vista
esta
propuesta
"incumple
la
Ley
de
Enjuiciamiento
Criminal",
que
establece
que
los
casos
los
llevará
un
juez
de
instrucción,
y no
un
tribunal
instructor.
En
esta
reorganización
de
nuestra
justicia
hay
dos
elementos
que
el
legislador
aún
no
ha
comentado
nada.
El
primero,
la
parte
económica,
qué
inversión
habrá
que
hacer
para
reestructurar
nuestros
tribunales.
Y la
otra,
el
diálogo
con
las
CCAA,
no
hay
que
olvidar
que
gran
parte
de
las
competencias
están
transferidas
en
Justicia
.
Sin
ese
diálogo
nos
podríamos
encontrar
en
la
situación
tecnológica
de
seis
sistemas
interoperables,
como
son
los
que
existen
en
nuestra
justicia.
La
otra
parte
de
las
medidas
de
esta
LOPJ
afectan
directamente
al
juez,
como
profesional
jurídico.
En
un
momento
de
déficit
de
jueces
sorprende
que
no
exista
ningún
acercamiento
a
los
más
de
1500
jueces
sustitutos
que
están
ahora
fuera
de
la
carrera
judicial.
Tal
y
como
comentó
esta
publicación
a
finales
de
año
su
futuro
depende
de
una
investigación
que
el
comisario
Andor
realiza.
http://goo.gl/KdSpxE.
Comisario
que
vista
España
esta
semana
por
cierto.
Ahora
nuestros
juzgados
pasan
por
su
peor
momento
con
señalamientos
para
el
2018
mientras
como
señalaban
las
diferentes
asociaciones
judiciales
a
nuestra
publicación
no
hay
una
plan
serio
sobre
nuestra
justicia.
http://goo.gl/9UoBHz
.
La
normativa
nueva
apuesta
por
el
juez
de
oposición
memorístico,
con
estancia
en
la
Escuela
Judicial
y
convierte
en
marginales
el
cuarto
y
quinto
turno.
Los
acontecimientos
dejan
claro
que
al
final
serán
necesarios
estos
y
otros
magistrados
ante
los
déficits
de
capital
humano
en
nuestra
carrera
judicial.
Quizás
lo
que
más
llama
la
atención
es
la
correlación
que
el
legislador
hace
entre
independencia
judicial
y
libertad
de
expresión.
La
nueva
LOPJ
pretende
que
cualquier
miembro
de
la
carrera
judicial
no
pueda
opinar
sobre
temas
de
actualidad
en
curso,
situación
que
engloba
a
las
propias
asociaciones
judiciales,
instituciones
que
con
razón
creen
ver
vulnerados
algunos
de
sus
derechos.
Esperemos
que
esta
medida
solo
se
aplique
contra
aquel
que
menosprecia
al
juez
y
pone
en
tela
de
juicio
sus
fallos.
El
otro
elemento
que
perturba
esta
reforma
es
el
posible
delito
contra
la
Administración
de
Justicia,
previsto
y
penado
en
el
apartado
1
del
artículo
464
del
Código
Penal.
Ante
esta
figura
se
articula
que
el
juez
que
se
vea
incomodado
por
un
comportamiento
o
conducta
pueda
pedir
amparo
al
CGPJ,
y
desde
este
órgano
ver
la
magnitud
del
hecho.
En
esta
tesitura
parece
complejo
deslindar
el
impacto
de
unas
declaraciones
del
propio
medio
de
comunicación.
Y si
realmente
quién
es
el
culpable,
el
mensajero
o el
autor
de
las
declaraciones
Sobre
el
aforamiento
de
la
Reina
y de
los
Príncipes
de
Asturias,
solo
puede
decirse
que
no
es
el
mejor
momento
para
hacerlo,
en
un
país
con
una
causa
abierta
a
otros
miembros
de
la
Familia
Real.
Sorprende,
eso
sí,
que
el
número
de
aforados
supere
los
10.000
y no
se
hayan
establecido
medidas
para
reducir
este
número.
La
nueva
LOPJ
debe
aclarar
lo
antes
posible
con
qué
previsión
económica
se
cuenta
para
hacer
estos
cambios.
Y
con
cuántos
jueces
y
profesionales
serán
necesarios
para
que
estos
cambios
lleguen
a
nuestra
justicia.
Todo
lo
que
sea
separarnos
de
este
camino
será
perder
tiempo
y no
salir
de
un
problema
crónico
que
afecta
al
ciudadano
en
su
derecho
a
una
tutela
judicial
efectiva.
Un
abrazo
Nos
seguimos
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@LuisjaSánchez
