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Estimado
navegante:
Legislar
deprisa,
mal
técnicamente,
dejando
muchos
flecos
abiertos,
asi
definía
Joaquín
Bosch,
portavoz
de
Jueces
para
la
Democracia
en
una
rueda
de
prensa
en
la
que
las
asociaciones
judiciales
cuestionaban
la
LOPJ,
la
forma
de
hacer
del
Ministro
Gallardón
En
este
contexto,
volvemos
a
tener
noticias
de
los
tribunales
europeos.
El
TJUE,
Tribunal
de
Justicia
de
la
Unión
Europea
vuelve
a
cuestionar
nuestra
legislación
hipotecaria.
En
una
sentencia
que
conocimos
este
jueves
y
que
ha
abierto
informativos
y
diarios,
por
su
importancia
http://goo.gl/SJfsfC
señala
sin
tapujos
que
la
reforma
hipotecaria
hecha
por
el
Gobierno
el
pasado
año
vulnera
los
derechos
humanos.
Dicho
señala
que
la
citada
reforma
es
contraria
al
artículo
47
de
la
Carta
de
Derechos
Fundamentales
de
la
Unión
Europea,
relativa
al
derecho
a la
tutela
judicial
efectiva,
y a
la
Directiva
93/13
en
materia
de
consumidores,
y
señala
que
no
suspender
el
procedimiento
hipotecario
en
caso
de
demanda
ante
el
juzgado
de
lo
mercantil
es
contrario
al
derecho
comunitario.
En
esta
oportunidad,
el
Tribunal
Europeo
ha
estimado
una
cuestión
prejudicial
planteada
por
la
Sección
Tercera
de
la
Audiencia
Provincial
de
Castellón
en
relación
con
las
posibilidades
que
una
persona
afectada
por
un
proceso
de
ejecución
hipotecaria
tiene
para
oponerse
a
determinadas
decisiones
judiciales.
La
resolución
del
Tribunal
Europeo
estima
que
los
ejecutados
tienen,
tal
como
señaló
la
Audiencia
de
Castellón,
menos
posibilidades
que
la
entidad
bancaria
de
oponerse
a
decisiones
desfavorables.
La
Ley
de
Enjuiciamiento
Civil
sólo
permite
a
los
bancos,
pero
no a
los
deudores,
recurrir
en
apelación
ante
resoluciones
contrarias
a
sus
intereses
Nuevo
tirón
de
orejas
Hay
que
recordar
que
es
la
segunda
vez
que
el
TJUE
saca
los
colores
al
legislador
español
por
las
normativas
en
materia
de
desahucios.
Fue
en
marzo
del
2013
cuando
se
declararon
abusivas
las
cláusulas
hipotecarias
españolas.
La
sentencia
Aziz
http://goo.gl/y9Xg6Y
quedará
grabada
para
toda
la
vida
y la
cuestión
prejudicial
planteada
por
el
titular
del
juzgado
mercantil
número
3 de
Barcelona
José
María
Fernández
Seijo
también
paso
a la
historia.
Ese
fallo
hizo
que
el
Gobierno
de
Rajoy
modificara
la
legislación
para
adaptarla
al
entorno
comunitario,
en
el
mismo
momento
que
la
PAH
estaba
tramitando
en
el
Parlamento
su
ILP
(Iniciativa
Legislativa
Popular
al
contar
con
más
de
millón
y
medio
de
firmas.
La
mayoría
del
PP
hizo
que
la
ILP
no
se
tramitará
y el
partido
en
el
poder
gestionar
otra
reforma,
sin
ningún
apoyo,
que
ahora
se
declara
ilegal.
El
problema
que
se
avecina
es
importante.
Algunos
expertos
hablan
de
que
se
puede
generar
un
caos
procesal
importante
.Los
jueces
deberán
paralizar
todos
los
procedimientos
hipotecarios
abiertos
y la
ley
tendrá
que
reformarse
vista
que
es
incompatible
con
el
Derecho
comunitario
Desde la PAH
denuncian
que
la
sentencia
Aziz
no
se
cumplía
con
la
nueva
ley
aprobada
por
la
mayoría
absoluta
del
PP
en
el
Congreso,
y
así
lo
ha
reconocido
el
TJUE
en
respuesta
a
una
cuestión
prejudicial
planteada
por
la
Audiencia
Provincial
de
Castellón.
Así,
la
ley
española
"de
protección
a
los
deudores
hipotecarios"
en
realidad
"protege
al
fuerte
(bancos)
y
castiga
al
débil,
violando
los
principios
más
básicos
del
derecho
a un
juicio
justo",
explica
la
PAH.
La
sentencia
reconoce
la
vivienda
como
un
bien
de
consumo
de
necesidad
básica.
Tal
y
como
viene
reclamando
desde
hace
años
la
ciudadanía,
que
ha
sido
la
primera
en
denunciar
la
vulneración
sistemática
de
derechos
humanos
que
supone
la
anómala
legislación
española.
Es
la
ciudadanía
la
que
está
ofreciendo
soluciones
mientras
las
administraciones
no
sólo
no
están
a la
altura
de
las
circunstancias,
sino
que
legislan
para
beneficiar
a
los
responsables
de
esta
situación,
tal
y
como
demuestra
la
sentencia
del
TJU
También
se
indica
en
el
fallo
que
limita
el
derecho
a la
defensa
de
los
deudores
al
impedirles
recurrir
en
segunda
instancia
permitiendo
que
los
bancos
si
lo
hagan
en
una
escandalosa desigualdad
de
las
partes
en
el
procedimiento.
La
ley
española
protege
al
fuerte
y
castiga
al
débil
violando
los
principios
más
básicos
del
derecho
a un
juicio
justo.
En
un
momento
de
cambio
normativo
como
el
que
se
avecina
por
la
obligatoriedad
de
adecuar
nuestra
normativa
hipotecaria
al
derecho
comunitario,
conviene
recordad
las
medidas
que
la
PAH
llevaba
en
su
frustrada
ILP:
moratoria
de
desahucios;
dación
en
pago
retroactiva
y
alquiler
social,
en
un
contexto
en
el
que
los
desahucios
siguen
siendo
un
drama
en
un
país
en
crisis.
Da
escalofrío
pensar
las
familias
que
han
perdido
su
casa
en
este
último
año
por
una
ley
injusta
y
mal
hecha.
Confiemos
que
en
esta
oportunidad
tenga
a
bien
someterse
a la
legislación
comunitaria
y
hacer
los
cambios
que
se
le
reclaman.
Nuestra
sociedad
lo
reclama
en
justicia.
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