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Estimado lector:
Mucho nos tememos que como no exista una voluntad decidida política de hacer las cosas, las reformas de nuestra justicia; sí esas reformas de las que venimos suspirando desde hace más de veinte años quedarán de nuevo en algún cajón del Ministerio de Justicia.
En esta oportunidad lo político y lo jurídico parece coincidir de forma notable. Aún no sabemos qué pasará con la consulta soberanista catalana del 9 de noviembre aunque voces en el propio sector legal como la de Miquel Samper, presidente del CICAC http://goo.gl/YJUjpZ ya se han hecho notar comentando la falta de sensibilidad de nuestro Gobierno con este asunto.
Junto a ello un escenario electoral del próximo mes de mayo donde los partidos políticos se juegan mucho el próximo mes de mayo. Autonomías y municipios de toda España están en juego y los resultados no son claros viendo las últimas encuestas. Los dos partidos mayoritarios PP y PSOE aparecen muy desgastados y la fuerza de Podemos parece incontenible.
En estos momentos, cualquier decisión o iniciativa que se ponga en marcha se va a mirar con lupa. A nadie se le escapa que algunas de ellas pueden generar que se pierdan más votos. Ese es el caso de la reforma del aborto defendida a capa y espada por el Ministro Gallardón y muy criticada en diferentes ámbitos http://goo.gl/Ua1EfK
Los rumores indican que esta reforma, en principio contemplada en el programa electoral del PP, quedará congelada durante unos meses. Quizás el gran problema del Ministro, como ha pasado con otras reformas, ha sido su escasa capacidad de diálogo para buscar un consenso en este cambio normativo donde los derechos de las mujeres debieran protegerse mejor.
Y del resto de reformas, ¿ qué va a pasar? Esa es la pregunta que se hacen todos los operadores jurídicos. Parece evidente que otro año de inmovilismo puede condenar a nuestro sistema judicial, el de menor ratio por jueces de Europa, al colapso total. Son fundamentales las reformas procesales tanto en el campo civil como en el penal. Los procesos deben ser más agiles en su instrucción.
Sin embargo, el propio Gallardón ya ha comentado que la reforma procesal penal se queda de momento sin poner en marcha. Con este ya es el tercer proyecto de Código Procesal Penal que intenta nuestra democracia. Ninguno hasta ahora ha llegado al trámite parlamentario. Un problema en un escenario donde es necesario darle rapidez a nuestros procesos.
Respecto a la LOPJ, cuestionada desde diferentes ámbitos, su futuro no es claro. Los propios jueces han señalado que si se gestiona su tramitación parlamentaria, saldrán a la calle. Sin embargo, otras voces como la de Rafael Lara, presidente de los Secretarios Judiciales, señala que es necesaria su puesta en marcha. http://goo.gl/MMb4Xk
El sello del Ministerio de Economía se ha dejado notar en proyectos de ley como el de Servicios y Colegios Profesionales y el de Justicia Gratuita. Su futuro también es incierto porque el legislador sabe que son medidas impopulares, algunas de ellas injustas y escasamente consensuadas con los operadores jurídicos.
En el caso de los Colegios Profesionales los rumores indican que las medidas que De Guindos tenía prevista para estas corporaciones de derecho público, control de su gestión, reducción de sus cuotas colegiales a unos mínimos de 250 euros, quedarán también paralizadas. Y es que estimado lector en un escenario electoral como el actual, los votos son votos en cualquier lugar de nuestra querida piel de toro.
Respecto a la reforma de la Justicia Gratuita, está ahora en trámite parlamentario. Este cambio normativo ha enfrentado a la abogacía representada por el CGAE con el propio Ministerio de Justicia. El desenlace lo tendremos en los próximos días para saber qué es lo que va a pasar en un escenario donde a nadie se le escapa que en un contexto de crisis, preferentistas, desahuciados, la justicia gratuita no puede ser un privilegio.
Cambios en el código penal y en la jurisdicción voluntaria parece que se asentarán sin excesivo problemas. Del Código Penal podemos saber que quizás sea la norma más modificada de nuestra legislación en los últimos veinte años. Ahora se introducirán cambios en la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la atenuante del compliance para no ser sancionado.
Sobre la Jurisdicción Voluntaria, es evidente que nuestro sistema judicial necesita reducirse y desjudicializarse. Será bueno que el proyecto de ley que el Ministerio de Justicia contempla recoja las reivindicaciones de secretarios judiciales y notarios, dos cuerpos de funcionarios públicos que pueden hacer mucho por la descongestión de nuestros juzgados.
Mucho nos tenemos que de no haber una voluntad decidida estas y otras reformas que deberían vertebrar la justicia del siglo XXI quedarán en el olvido. La pregunta es si nos lo podemos permitir y si es lógico que en periodos de tanta conflictividad para un despido se fije una vista dentro de tres años.
Necesitamos reformas en nuestra Justicia. Reordenar mejor nuestros recursos y un mayor consenso en estos cambios normativos y procesales para que se consoliden en el tiempo.
No podemos perder más tiempo. Sin ellas seguiremos en el pasado.
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Un cordial saludo
@LuisjaSánchez | 
