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Estimado navegante:
Hemos asistido en los últimos días a diferentes acontecimientos muy desagradables que dejan claro la extensión de la corrupción en nuestro país, una amenaza seria para nuestro Estado de Derecho, sin lugar a dudas.
De un lado, la Operación Púnica, de la que ya hablamos aquí en otro articulo y que confirma lo que todos sospechábamos hace tiempo; es muy fácil corromper a un político. Solo hace falta un proyecto que sea viable y del que pueda cobrar una suculenta comisión.
Al mismo tiempo, el espectáculo del pasado jueves en el Senado entre el nuevo jefe de la oposición, Pedro Sánchez, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha evidenciado que por el lado del descrédito mutuo no se va a ningún lado. Ese “ Y tu mas”, a nivel de actos corruptos ha llenado de amargura a muchos ciudadanos que esperan que ambos partidos políticos cerquen y luchen contra la corrupción.
Nuestro Presidente del Gobierno que ha pedido disculpas públicamente por todo este tipo de sucesos, ha esbozado una serie de medidas anticorrupción que esperemos, lo antes posible se apliquen a nuestros dirigentes.
Rajoy ha apuntado a las prohibiciones de que las empresas donen dinero a los partidos políticos y de que los bancos les perdonen las deudas. También ha resaltado su idea de endurecer las penas por prevaricación y la de ampliar los supuestos por el delito de tráfico de influencias.
También comentó en la Cámara Baja que está negociando con la oposición dos importantes proyectos legislativos para luchar contra la corrupción: el Estatuto de alto cargo y la ley del control de la actividad económica y financiera de los partidos. Y es que pese a las reformas que ha tenido nuestro Código Penal la financiación ilegal de los partidos políticos sigue sin ser un tipo penal establecido.
Luchar contra la corrupción es convertir a la Justicia en un elemento de primer orden. Este fin de semana nuestra publicación se adelantaba a todos los medios y analizaba en este reportaje, http://goo.gl/UnMnqI la situación actual de la mano de Carlos Carnicer, presidente del CGAE; Sonia Gumpert, decana del ICAM, Joaquín García-Romanillos, presidente Fundación Fernando Pombo, Antonio Viejo, juez decano de Madrid, Pedro Viguer, juez decano de Valencia y el fiscal del Tribunal Supremo, Salvador Viada.
Nuestros expertos coinciden en la necesidad de la regeneración democrática de nuestra sociedad y partidos políticos. De instaurar controles interno en los partidos y ayuntamientos que prevengan la estafa. También advierten que es necesario mejorar nuestras leyes y especialmente el proceso penal para que sea más ágil y los jueces puedan hacer mejor su trabajo.
Sin medios ni cambios legales el delincuente de cuello blanco seguirá escapándose siempre o reduciendo su condena, sujeto a ardides legales. Es necesario tomar el toro por los cuernos y ser implacable con los que siendo representantes de nuestra democracia utilizan este cargo en su beneficio particular.
Las primeras medidas aprobadas en Consejo de Ministros, tales como la creación de un Consejo de Transparencia, más burocracia a la vista o la supuesta creación de 282 plazas judiciales no han gustado a nadie. En el caso de las plazas judiciales, las asociaciones de jueces han alertado de la situación: no es tanto la creación de plazas sino dotar de destino a los jueces que salidos de la Escuela Judicial están sin trabajar. Creo honestamente que Justicia y CGPJ debería aclarar el asunto y no generar más malestar por esta medida.
Nuestra justicia que se vio sin el 20 por ciento de la plantilla judicial eliminada por una Ley Orgánica del saliente Gallardon que eliminaba a los 1500 jueces y fiscales sustitutos que hacían su trabajo dentro de nuestra justicia, necesita elevar el ratio de jueces. Estamos aún muy por debajo de la ratio europea. Una solución sería adaptar a los magistrados sustitutos, los que quedan sobre 1000 al nuevo entorno, cuestión de la que no vemos al Gobierno interesado.
Para saber qué jueces necesitamos solo hace falta ir a nuestra hemeroteca y repasar las entrevistas a portavoces de asociaciones judiciales. Todos ellos han sido muy críticos con la situación porque se dan cuenta que la situación, en estos momentos es insostenible.
De hecho en muchos casos se piensa que los jueces son culpables de la situación. Los políticos hacen las leyes, nos guste o no, y con mayor o menor acierto desde el Parlamento y sus dos cámaras y son los jueces los que tienen la obligación de hacerlas cumplir. Lo que sucede es que el ámbito penal trabajar así, con tan pocos medios, es una ayuda involuntaria para cualquier delincuente o defraudador.
Nuestros lectores ya vieron que Marcelino Sexmero de Francisco de Vitoria era partidario de un plan de choque importante en los próximos diez años http://goo.gl/eHpMLS ; Joaquín Bosch de Jueces Para la Democracia http://goo.gl/xkoN8N de tener datos fiables para crear esas plazas; Angel Dolado, portavoz de Foro Judicial Independiente ve claro ese refuerzo para que la LOPJ arranque http://goo.gl/qmp1ay y Pablo Llarena, presidente de APM, también ve necesario ese refuerzo http://goo.gl/wakIB7
Es pues el momento de actuar con contundencia. Un país que se está recuperando de la crisis como el nuestro necesita de dirigentes honrados y sacrificados para que busquemos algo parecido al Estado de Bienestar que teníamos.
Hay que apostar por la Justicia de manera incondicional para frenar esta espiral de corrupción, estafas y tráfico de influencias. No nos lo merecemos.
Nos leemos en twitter
Un cordial saludo
@LuisjaSánchez | 
