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Estimado navegante
Todo parece indicar que en los próximos días nuestros más de 5400 jueces y magistrados de toda España tendrán en marcha su primer Plan de Prevención de Riesgos Laborales. La noticia no puede dejar desapercibida ante el caos de nuestra justicia y la saturación de los juzgados.
Ser juez en este país, profesión dura con una oposición memorística que habrá que cambiar en su momento y dos años de Escuela Judicial, se ha convertido en una profesión de alto riesgo. Ya lo comentábamos hace meses en un reportaje donde el estrés y el riesgo de infarto se han convertido en compañeros de nuestras señorías.
A nadie se le escapa que este Plan de Prevención de Riesgos Laborales debe ir acompañado de una redistribución de la carga de trabajo de nuestros jueces. En nuestro país se da la paradoja que hay juzgados saturados, especialmente en jurisdicciones sociales y mercantiles y otros con bastante menos trabajo. Es el momento, pues de reordenar nuestro mapa judicial.
Debe ser la Comisión Nacional de Seguridad y Salud del CGPJ creada hace años quien articule estas medidas para un mejor trabajo de nuestros jueces y, si es posible al mismo tiempo mejor conciliación de la vida laboral y personal.
Hasta ahora, los datos son bastante alarmantes. Salvo en determinadas Ciudades de la Justicia nuestros juzgados carecen de desfibriladores y material de primeros auxilios con lo cual el personal del juzgado en general, y sus señorías en particular están abandonados a la mano de Dios ante cualquier percance.
Quien escribe estas líneas tuvo la desgracia de dar la primicia de uno de los últimos fallecimientos de nuestra carrera judicial. A veces hay noticias que no te gustaría darlas pero la casualidad me puso delante de ella y supimos que en aquel verano del 2013 un magistrado de la Sala de lo Social caía desvanecido antes de entrar en la Sala. Ante la falta de medios se llamó al SAMUR que no pudo hacer nada. Un episodio que no debe pasar nunca más.
En un momento como el que actualmente vivimos los recursos económicos hay que saberlos aprovechar y distribuir en lo más imprescindible. Desde fuera parece evidente que dotar a nuestros juzgados de las imprescindibles medidas de seguridad en el trabajo no debe ser una partida a recortar, en absoluto.
Ahora lo que sabemos es que hay juzgados que trabajan al 200 por ciento lo que supone de riesgo para la salud de sus integrantes. Y que según nos han comentado algunos magistrados los propios reconocimientos médicos valen para bien poco.
Otro dato muy a tener en cuenta es que desde hace cinco años no se ha creado ningún juzgado en España. Esto significa que los cerca de 5.5000 jueces que existen han hecho un esfuerzo importante para reducir la pendencia de muchos asuntos. Jueces que tienen congelados el sueldo y cuyas condiciones de trabajo distan mucho de ser las idóneas.
Las soluciones por tanto deben ir en la mejora de las condiciones de trabajo de nuestros magistrados. En ese escenario es muy posible que la figura del delegado de prevención de riesgos sea un elemento a tener en cuenta.
Y el incremento de jueces. No basta con echar mano de los que salen de la Escuela Judicial sino que habría que ver la fórmula de incorporar a los jueces sustitutos que aún siguen en las listas del CGPJ. Tienen experiencia y serían un refuerzo importante. Es un absurdo que no se aprovecha su experiencia.
Estaremos, pues, muy pendientes de cómo se articula el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, más importante que el protocolo de acoso sexual también puesto en marcha por el CGPJ. De su implantación correcta dependerá que el trabajo de nuestros magistrados se haga en las condiciones adecuadas para que sus sentencias sean las esperadas.
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