El
día
del
consumidor,
que
se
celebra
cada
15
de
marzo,
debe
ser
oportunidad
para
reflexionar
sobre
los
avances
logrados,
pero
también
sobre
lo
mucho
que
queda
por
hacer
para
conseguir
una
protección
efectiva,
que
es
la
base
para
generar
e
impulsar
la
confianza
del
consumidor
y
con
ello
una
economía
digital
robusta.
La
economía
digital
está
basada
en
los
datos,
personales
o
no,
y
cuando
se
trata
del
primer
caso,
dado
que
se
refieren
a
una
persona
física,
es
fundamental
contar
con
normas
claras
y un
marco
institucional
que
permitan
minimizar
riesgos
y,
en
caso
de
que
se
vulneren
derechos,
responder
de
manera
efectiva
evitando
más
daños
a la
persona.
En
este
sentido,
aunque
tiene
su
día
propio,
la
protección
efectiva
del
consumidor
pasa
también
por
asegurar
la
protección
de
sus
datos
personales,
tanto
por
lo
que
se
refiere
a la
faceta
de
derecho
fundamental
como
a la
de
derecho
del
consumidor.
En
este
sentido,
entre
los
objetivos
fundamentales
del
Reglamento
General
de
Protección
de
Datos
está
el
relativo
a
“generar
la
confianza
que
permita
a la
economía
digital
desarrollarse
en
todo
el
mercado
interior”,
por
lo
que
habrá
que
ver
si
en
la
práctica
dicho
instrumento
es
efectivo
al
respecto,
tal
como
se
espera.
Proteger
al
consumidor
en
lo
que
respecta
a
sus
datos
personales
requiere
también
adoptar
medidas
que
permitan
combatir
de
manera
efectiva
el
robo
de
identidad,
que
en
ocasiones
es
el
resultado
de
ciberataques
que
buscan
obtener
datos
personales,
ya
sean
números
de
tarjetas
de
crédito
o
débito
o
incluso
datos
de
salud
que
puedan
ser
posteriormente
vendidos
en
un
mercado
negro.
Es
decir,
es
necesario
considerar
la
protección
de
datos
personales
como
lo
que
es,
una
cuestión
transversal,
que
implica
adoptar
medidas
por
todas
las
partes
implicadas
para
generar
e
impulsar
confianza,
además
de
asegurar
el
cumplimiento
y
conseguir
así
un
alto
nivel
de
protección
de
la
persona.
Y,
al
mismo
tiempo,
es
necesario
involucrar
al
propio
consumidor
para
que
conozca
el
significado
y
alcance
de
todos
sus
derechos.
La
seguridad
digital,
concepto
este
que
incluso
transciende
al
de
ciberseguridad,
es
una
cuestión
que
no
puede
olvidarse
al
abordar
la
protección
de
los
derechos
de
los
consumidores.
Se
trata
también
de
ayudar
a
los
consumidores
a
que
puedan
gestionar
los
riesgos
a
los
que
pueden
verse
expuestos,
como
por
ejemplo
intentos
de
phishing,
adquirir
software
ilegal
o
ser
víctimas
de
otras
ciberestafas.
Además
de
lo
anterior,
para
proteger
al
consumidor
es
necesario
fortalecer
sus
derechos
a
través
de
medidas
adecuadas
que
consideren
la
necesidad
de
una
actualización
constante
para
ser
efectivos,
evitando
así
situaciones
de
riesgo
que
tienen
también
un
impacto
económico
para
el
mismo.
Por
lo
que
se
refiere
al
marco
institucional,
conseguir
los
objetivos
de
una
protección
efectiva
del
consumidor
e
impulsar
la
economía
digital
pasan
por
una
cooperación
tanto
a
nivel
nacional
como
transfronterizo.
Sin
dicha
cooperación
el
consumidor,
tanto
de
bienes
o
servicios
físicos
como
electrónicos,
puede
sufrir
daños
que
den
lugar
a
una
pérdida
de
confianza
difícil
de
regenerar.
Y
también
desde
el
punto
de
vista
del
marco
institucional,
en
particular
en
el
sector
privado,
se
debe
considerar
que,
a
pesar
de
cómo
ha
quedado
en
el
Reglamento
General
de
Protección
de
Datos,
la
figura
del
delegado
de
protección
de
datos
(en
inglés,
Data
Protection
Officer,
DPO)
es
clave,
ya
que
es
uno
de
los
protagonistas
por
lo
que
se
refiere
a
proteger
los
valores
fundamentales
en
los
que
se
basa
la
Unión
Europea
con
lo
que
ello
supone
para
generar
e
impulsar
confianza
en
la
economía
digital.
En
definitiva,
impulsar
la
confianza
del
consumidor
y
protegerle
de
manera
efectiva
requiere
del
compromiso
y
esfuerzo
de
todos,
incluido
el
propio
consumidor,
siendo
totalmente
necesarios
para
facilitar
el
desarrollo
de
una
economía
digital
robusta
y
responsable. |