Los funcionarios, empleados y periodistas que denuncian delitos u otras infracciones de interés público pueden enfrentarse a penas de hasta cinco años de cárcel

Publicado el jueves, 6 mayo 2021

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Los funcionarios, empleados y periodistas que denuncian delitos u otras infracciones de interés público pueden enfrentarse a penas de hasta cinco años de cárcel en Alemania y siete en España, según un estudio de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA). En cambio, los denunciantes estarían ampliamente protegidos en otros países europeos como Francia, Italia y el Reino Unido.

El informe, coordinado por el despacho de abogados DLA Piper en colaboración con Dentsu España y  TrustLaw, servicio global pro bono de la Fundación Thomson Reuters, recoge un resumen de las normativas legales existentes en seis países europeos.

La Directiva sobre denunciantes de la UE, en vigor desde diciembre de 2019, obliga a los gobiernos de toda Europa a su trasposición a la legislación nacional antes del 17 de diciembre de 2021. Esto reforzará en gran medida las protecciones en muchos países europeos, hasta el punto que los funcionarios o empleados de empresas privadas podrían hacer públicas denuncias incorrectas de forma anónima y seguir obteniendo protección legal, siempre que actúen de buena fe. Pero algunos gobiernos están dando largas, según denuncia Whistleblower Meter, que afirma que, a siete meses de la fecha límite, ningún gobierno ha traspuesto aún la directiva y seis ni siquiera han iniciado el proceso.

Según el secretario general de la AEMA, Jeremy Wates: «Las personas valientes que sacan a la luz las irregularidades están haciendo un gran favor a su empleador y lo último que merecen es la cárcel. El hecho de que todavía se enfrenten a cargos penales en democracias europeas maduras es motivo de profunda preocupación. Aunque los procesos judiciales contra denunciantes son poco habituales, su capacidad para seguir con firmeza sus imperativos morales merece nuestro respeto y apoyo. Afortunadamente, el proyecto de la UE ofrece un modelo rápido para que los gobiernos solucionen este problema».

Joaquín Hervada, socio responsable de Competencia de DLA Piper, añade: «A menudo nos encontramos con que la ley se aplica de forma desigual en la UE, lo que supone un obstáculo para el funcionamiento adecuado de nuestros mercados y de la sociedad en general. El espacio de cumplimiento no escapa a este problema, y hay un margen de mejora particular en el apoyo a aquellos que están dispuestos a asumir riesgos para fomentar el cumplimiento a través de la divulgación de las infracciones. La divulgación es, sin duda, un poderoso elemento disuasorio para determinados tipos de conducta y los reguladores tienen la difícil tarea de garantizar una mayor protección de este instrumento tan útil sin perjudicar otros intereses legítimos como la protección de los secretos personales o la información privilegiada. Sin embargo, por desafiante que sea, la tarea debe abordarse con carácter prioritario, ya que aún queda mucho por hacer en este espacio de cumplimiento».

El informe se encuentra disponible aquí: https://mk0eeborgicuypctuf7e.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2021/04/Whistleblowing-law-in-2021-a-quick-guide-3.pdf

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