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José Ramón Moratalla Escudero - Marketing & Law - BLOGS de LP emprende

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José Ramón Moratalla Escudero - @jrmoratalla

La justicia indeterminada

23 de DICIEMBRE de 2014

Recientemente los responsables de una PYME me comentaban el grave problema que para el desarrollo de su negocio les estaba ocasionando un claro ejemplo de indefinición normativa.

Se trata del punto 2 del artículo 6 de la LOPD (LO 15/1999, de 13 de diciembre) cuando alude a que no será preciso el consentimiento del afectado a la hora de proceder al tratamiento de los datos de carácter personal “cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado”.

Como podrán fácilmente deducir se trata de la expresión “interés legítimo del interesado”. Y sobre este particular, me comentaban que ya habían procedido a consultar a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) si existía algún problema por el uso de datos recogidos de una fuente de datos accesibles al público con respecto al objeto y modelo del negocio al que se dedica su empresa. Si bien, a este respecto, la respuesta recibida por parte de la Agencia no contribuía a despejar plenamente las dudas sobre ello, pese a tratarse de un negocio totalmente legal, cien por cien ajustado a Derecho, y conducido con pleno respeto y cumplimiento de las exigencias legales y administrativas que les atañen.

En este supuesto concreto, el problema de indefinición resulta ser doble. Por un lado, a  la cuestión que de por sí plantea la existencia de un concepto jurídico indeterminado como es el de “interés legítimo del interesado”, <<como si tener y mantener una empresa legal no supusiese de por sí suficiente interés legítimo para –y del- interesado>>, ahora además, se suma por otro lado “la habidencia” del poder discrecional que dispone un órgano administrativo a la hora de pronunciarse como ocurre en este caso particular con la AEPD, dejando al interesado al albur de la voluntad y mejor parecer jurídico de unos funcionarios, respecto a la pervivencia y viabilidad de su negocio.

Ya en uno de mis anteriores post, “El logaritmo de la Justicia, un problema de decisión” (http://www.lawyerpress.com/blogs/LPe_JR_Moratalla_12.html), manifestaba como desgraciadamente nos hemos acostumbrado a ver como normal algo tan tremendamente injusto como es que ante casos idénticos o similares recaigan pronunciamientos judiciales dispares. Algo que podría justificarse en tiempos pretéritos pero en modo alguno en la actualidad con el presente escenario de desarrollo tecnológico.

 

La igualdad en la aplicación de la Ley

Hoy día, aún sigo creyendo que la administración de la Justicia es ante todo una respuesta a la hora de dar solución a unas expectativas de legalidad jurídicamente fundadas en la certeza y la seguridad jurídica, en las que no hay ni debe haber cabida a sorpresas, a ocurrencias e improvisaciones, ni tampoco a innovaciones propias de ingeniería jurídica creativa, tal como así esperan los ciudadanos respecto de la Administración y el Estado.

Aún todavía, recelo profundamente de la figura judicial a la hora de interpretar las normas y aplicar el Derecho. La cualidad humana de los jueces y magistrados les confiere de serie una carga henchida de graves defectos en cuanto a su potencial  de inseguridad, maleabilidad y arbitrariedad en su proceder y razonamiento. En este sentido son numerosas las líneas de investigación en la rama de la psicología jurídica que estudian las múltiples como diversas vías de influencia a las que se ven sometidos los jueces a la hora de dictar sentencia. Esto es, a la hora de interpretar y aplicar la norma (“non erit lex, sed interpretationis lege corruptio”).

Pese a todo ello, la sentencia del Tribunal Constitucional, STC 63/1984, de 21 de mayo, resulta clara al manifestar que cuando se trata de la aplicación de la Ley por un mismo órgano judicial, el principio por el que ha de regirse no es otro que el de la interdicción de la arbitrariedad de los Poderes Públicos que obliga a que las soluciones ofrecidas a los casos individualizados obedezcan a un criterio general de interpretación y aplicación de la legalidad.

A esto hay que añadir como el TC en sus sentencias: STC 49/1982, de 14 julio, STC 52/1982 de 22 julio y STC 2/1983 de 24 enero, se reafirma en este sentido al indicar que el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 14 de nuestra Constitución incluye no sólo la igualdad en la Ley, sino también la igualdad en la aplicación de la Ley, lo que implica que un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales y que cuando el órgano en cuestión considera que debe apartarse de sus precedentes tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable.

 

Los conceptos jurídicos indeterminados

Nuestro ordenamiento está repleto de conceptos jurídicos indeterminados. Se trata de esos términos o expresiones jurídicas contempladas en el texto de una norma que de manera imprecisa indican un supuesto de hecho. De hecho <<disculpen esta concatenación>>, son tantos los posibles ejemplos a numerar que incluso como posible proyecto editorial se podría pensar en elaborar un censo de los mismos.

Los conceptos jurídicos indeterminados precisan de un marcaje de límites con los que fijar su alcance, así como de una labor desambiguadora en su aspecto semántico. Esto es, han de ser dotados de contenido concreto en cada caso. Así lo reivindica la STC 223/1988, de 25 de noviembre, cuando se refiere a ello al abordar la expresión jurídica “sin dilaciones indebidas” mediante la aplicación a sus circunstancias específicas de los factores objetivos y subjetivos que sean congruentes con su enunciado genérico. Sentencia de la que se hace eco posteriormente el propio Tribunal cuando dicta la sentencia STC 180/1996, de 12 de noviembre, que reafirma esta tesis y además continúa señalando como esta doctrina ha sido constantemente seguida por numerosos pronunciamientos posteriores a la sentencia del ochenta y ocho (véanse los casos de las SSTC 28/89, 81/89, 215/92, 69/93, 179/93, 197/93, 313/93, 144/95 y 324/94).

La cuestión es que en el mundo del Derecho nos encontramos ante un problema tautológico envolvente pues muchos de los conceptos que lo apuntalan son en sí conceptos indeterminados como ocurre con los propios de justicia, legitimidad, equidad, igualdad, etc.

 

El conflicto interpretativo

Sostenía Ihering que “la interpretación de la norma quiere decir su incorporación a la vida humana en sociedad”. Y ese planteamiento, en la actualidad, ha de supeditarse a una dimensión enormemente fluida, casi líquida, de la realidad normativa que se nos muestra cada vez más compleja, tal y como evidencia la célebre Paradoja de la regulación de Bulygin (Eugenio Bulygin, “Dogmática jurídica y sistematización del Derecho”, 1991).

Es en el párrafo 1º del artículo 3 del Código Civil donde se recogen los criterios interpretativos de las normas: “Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras (criterio literal o semántico), en relación con el contexto (criterio sistemático), los antecedentes históricos y legislativos (criterio histórico o de contexto normativo), y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas (criterio de contexto social o sociológico), atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad (criterio finalista o teleológico) de aquéllas”.

En la praxis, toda labor de interpretación de cualquier norma jurídica que se acometa precisa combinar la aplicación de varios de los diversos criterios interpretativos contemplados en el párrafo primero del artículo 3 del Código Civil.

Fue Savigny en 1840 quien, ya por entonces, señaló que la labor interpretativa se resolvía atendiendo cuatro elementos o criterios contextuales como son: el gramatical, el lógico, el histórico y el sistemático.

Volviendo a nuestro ordenamiento, y en especial en lo que se refiere a nuestro Código Civil, hay que tener en cuenta que hasta la reforma operada entre los años 1973 y 1974 en el Título Preliminar del Código Civil, no se contemplaba en nuestro ordenamiento hasta entonces vigente ninguna norma relativa a los criterios interpretativos. Se carecía de metodología interpretativa.

Pero este remiendo legislativo no subsanó los defectos en la interpretación de la norma. Así, hoy día aún continúan latentes dos problemas o cuestiones clave por resolver en cómo realizarla cuando se trata de conceptos jurídicos indeterminados. Dilemas que a la sazón son:

a) El amplio y descontrolado margen de libertad del que goza el intérprete de la norma (sea la Administración a la hora de hacer uso de su discrecionalidad, sea el juez o magistrado a la hora de dictar sentencia), pues continúa siendo igual de amplio al que ya venía gozando antes de la citada reforma del Título preliminar. Incluso hay quien matiza que incluso resulta superior en tanto en cuanto se ha incorporado el criterio sociológico en el calidoscopio interpretativo. En definitiva, el intérprete asumiendo, cual personaje de Walt Disney, el papel de aprendiz de brujo.

b) Y el que a nuestro juicio se postula como el problema fundamental, cual es, la carencia de un principio de relevancia o jerarquía legal de los diversos criterios interpretativos existentes previstos en nuestro ordenamiento. Principio que permita priorizar el sentido del concepto jurídico indeterminado que debe primar en función del valor interpretativo asignado a cada criterio aplicado. En definitiva, nos encontramos frente a la cuestión de la relevancia en el proceso y metodología interpretativa.

 

El valor del precedente como nuevo criterio interpretativo

La tecnología hoy día permite recopilar y disponer de forma organizada e indexada, con gran facilidad, de todos los casos judiciales fallados. Sin lugar a dudas, la Big Data jurídica y jurisprudencial está en disposición de posibilitar la inclusión del precedente como nuevo criterio interpretativo al precedente.

No se trata de incluir al precedente como nueva fuente normativa como ocurre en el sistema del Common Law. No, se trata simplemente de dar respuesta y solución al conflicto interpretativo actual. Un conflicto que persiste pese a la reforma del Código Civil operada en 1974 con la incorporación de criterios propios de la corriente de la interpretación evolutiva.

Se trata más bien de subir a bordo un criterio consecuencialista

En efecto, la interpretación no ha de quedar abandonada al arbitrio del intérprete, pues la misión del intérprete no puede ni debe ser la búsqueda de la finalidad verdadera de las leyes, sino procurar la justicia basada en la seguridad jurídica que aporta los precedentes (K. Larenz, Metodología de la ciencia del Derechoho, 1960).

En caso contrario más que interpretación nos encontraríamos ante la situación en la que el intérprete no interpreta, sino argumenta, con todos los riesgos que ello comporta. Así, en este sentido resulta esclarecedor retomar la doctrina fijada por la ya citada sentencia STC 63/84, de 21 mayo, que aboga por la inercia a la hora de mantener la línea interpretadora seguida ante supuestos de hecho similares, esto es, consagra el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, gracias al criterio del precedente en la aplicación de la ley por un mismo órgano judicial.

Es por todo ello que todo este potencial tecnológico que la Big Data jurídica posibilita a efectos de desambiguación e interpretación jurídica, podría ser el recurso más valioso y efectivo para acabar con los males que aquejan a nuestro actual e imperfecto modelo de Justicia, el de la Justicia indeterminada.

Solamente se da una única solución justa en la aplicación del concepto a la circunstancia del hechoin claris non fit interpretatio”.

 
 

 


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