Beatriz Uriarte Arreba, directora del área de procesal penal en Ospina Abogados
Aunque en España hemos convertido el 8 de marzo en un día de juicio social, donde el feminismo se ha estructurado como una ideología de confrontación para algunos actores políticos, la tradición de señalar un día para reivindicar la igualdad de derechos de la mujer es centenaria -declarado oficialmente por la ONU en 1975- y aún hoy en día no solo recordando lo que hemos avanzado como sociedad, sino los muchos pasos que quedan esta senda estrecha y llena de vicisitudes como destino final en la igualdad.
Fue en el año 2007 cuando las Cortes Generales de España aprobaron la llamada Ley de Igualdad de Género, cuyo nombre oficial es Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Exactamente fue el 22 de marzo de 2007 y fue publicada en el Boletín Oficial del Estado un día después. La citada Ley se basó, principalmente, en el artículo 14 de la Constitución Española, que propugna el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. Además, el artículo 9 del mismo texto legal obliga al Estado a promover las acciones necesarias para impulsar y defender una igualdad real. Pero también diferentes convenios internacionales, entre los que se encuentran la importante Convención de Naciones Unidas de 1979 sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, o el Tratado de Ámsterdam de 1999, promulgan la igualdad entre hombres y mujeres como un derecho fundamental.
Tras este marco histórico es más sencillo contextualizar los avances que aún hoy tenemos pendientes en igualdad, y más si cabe, en el contexto actual de la guerra en Ucrania, donde es imposible no retroceder hasta la Primera Guerra Mundial, un terrible escenario que sin embargo supuso un avance agigantado en la incorporación de la mujer al mercado laboral, relegadas hasta ese momento a tareas domésticas o acompañar a su marido en los distintos actos sociales.
La cruel guerra supuso un cambio ante el forzoso reclutamiento de gran parte de la población masculina para acudir al frente, y, por otro, las necesidades industriales derivadas del conflicto bélico, “invitando” a las mujeres al campo laboral. El tiempo nos dirá si esta nueva guerra (ojalá no estuviéramos hablando de esto) supone también un avance para las mujeres en el este de Europa, donde parten de un punto de desigualdad más complejo que en España.
Pero volviendo al 8M, que a los abogados nos gusta mucho las justificaciones argumentadas, no podemos ni debemos despreciar que la sociedad avanza, que lo que ayer era negro hoy es gris, pero que a pesar de ello aún queda mucho trabajo por hacer. Leía recientemente la conmoción social que vivía Argentina ante una violación grupal a una joven de 20 años en Palermo, uno de los barrios más concurridos y turísticos de la ciudad de Buenos Aires, cuando unos vecinos de pronto se percataron de movimientos extraños en un vehículo estacionado, donde cuatro hombres estaban violando a su víctima mientras otros tantos hacían guardia fuera del vehículo.
Como otros tantos casos de igual magnitud social en España, sumados a las más de 1.000 millones de mujeres del mundo mayores de 15 años han sido víctimas de violencia de género, física o sexual, según un estudio publicado en The Lancet y en él se hizo uso de la base de datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la prevalencia de violencia de género, que registra información del 90% de las mujeres de todo el mundo, nos indica que a pesar de los esfuerzos la cultura machista es persistente, debido a un sentimiento de impunidad, que habilita que estos hechos ocurran en cualquier parte, a cualquier hora.
Debemos considerar que según el estudio referido, el 24% de las mujeres de entre 15 y 19 años declara haber sufrido alguna vez violencia machista, ya sea en forma de agresión física, gritos, insultos o violación, al menos una vez desde los 15 años, por lo tanto no estamos en el rompeolas de la problemática, sino en plena cresta de una ola que aún le queda mucho recorrido hasta la playa, lo que nos obliga a educar en igualdad, legislar adecuadamente, fortalecer nuestras herramientas policiales para prevenir estos hechos, ya que cuando actuamos los abogados, fiscales y jueces, normalmente es tras el comportamiento delictivo, lo que supone que en demasiadas ocasiones somos el último eslabón de una cadena que se ha roto en una fase previa.
Tenemos mucho trabajo que hacer, y demasiados motivos para no olvidar lo que realmente significa el 8M.
Una opinión de la abogada penalista Beatriz Uriarte Arreba, directora del área de procesal penal en Ospina Abogados y protagonista para la obtención de los casos de éxito del despacho, habiendo destacado en su carrera por la especialización en delitos de violencia de género y sexuales
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