Eva García, Presidenta de la Comisión de Igualdad y Violencia de Género del Consejo General de Procuradores.
Las dulces notas de las canciones de Riboberta Bandini se han colado como un halo de aire fresco por la ventana del feminismo, iluminando como doradas motas de polvo una renovada estancia repleta de fotografías a color que cuelgan de sus paredes borrando el rastro de rancias huellas en blanco y negro de una sociedad poco igualitaria.
Imágenes que invitan al optimismo de mujeres futbolistas copando una portada, de un padre disfrutando del cuidado de su bebé, de una joven presentándole a su abuela a su pareja, otra mujer, son el lema de la campaña del 8-M del Ministerio de Igualdad de este año, en un elocuente intento de trasladar el mensaje de que en España hay tantas formas de llamar al feminismo como habitantes, según ha indicado la directora del Instituto de las Mujeres, Antonia Morillas. No le falta razón, la Igualdad es el objetivo y el feminismo el potente vehículo que nos conduce hacia ella por un camino muchas veces pedregoso y angosto, y otras, las menos, por verdes alamedas de aire puro. Si invirtiéramos el orden, de forma que el tránsito por estas últimas se convirtiera en lo cotidiano, en una manera de vivir construida con la implicación de todos, nuestra sociedad sería más justa y equitativa, más sostenible y diversa, más generosa y feliz.
Tratando de avanzar en esta senda con la brújula orientada siempre hacia la Igualdad, desde la Procura detectamos que todo el arduo trabajo realizado durante la pandemia entre los operadores jurídicos (Abogacía, Procura y Graduados Sociales) y el Ministerio de Justicia en el seno de una Comisión Mixta para regular aspectos esenciales de conciliación de la vida laboral y la vida personal puede quedar estacionada durmiendo el sueño de los justos si no se avanza en la aprobación de las leyes de Eficiencia Procesal y Organizativa que el Gobierno diseñó para su Plan de Justicia 2030 con el objetivo de hacer de la Administración de Justicia un servicio público accesible, eficiente y sostenible con las garantías propias de un Estado social y democrático de derecho.
Fue inmenso el avance normativo porque era inmensa la necesidad de regular un vacío legal que clamaba al cielo. Todos somos conocedores de escalofriantes ejemplos de compañeros y compañeras de la Abogacía y de la Procura con situaciones personales que, a pesar de su crudeza, no han hallado una respuesta legal capaz de ofrecer una salida de emergencia por la que encauzar provisionalmente su situación laboral en un marco de seguridad jurídica porque, al carecer de regulación o ser del todo insuficiente, había quedado a merced de variopintos criterios improvisados, con suerte bienintencionados, pero otras veces equivocados o insuficientes al no ofrecer una respuesta integral, consiguiendo agravar en muchos casos el efecto de victimización en estos compañeros y compañeras, y con ello, una conocida y denigrante sensación de frustración.
Por no hablar del injusto mes de agosto de 2020 con la mayoría de sus días declarados hábiles para actuaciones procesales que significó el estéril sacrificio del período de descanso de los operadores jurídicos que tuvimos que permanecer con nuestros despachos abiertos, conectados a lexnet y a las diversas plataformas telemáticas de notificación y presentación de escritos de la Administración de Justicia, mientras la mayoría de funcionarios disfrutaban de sus vacaciones, o cuando menos del emergente teletrabajo, y quedaron paralizados los procedimientos por la ausencia de funcionarios en las oficinas judiciales.
La suma de ambos factores evidenció una injusta realidad de desigualdades entre los restantes colectivos de trabajadores por cuenta ajena, con derechos en conciliación recogidos en el Estatuto de los Trabajadores; funcionarios públicos, con una colección de derechos en conciliación recogidos pormenorizadamente en un extenso marco normativo, y el vacío o cuando menos insuficiente marco legal para Abogados, Procuradores y Graduados Sociales en tanto que profesionales liberales, independientes, autónomos o mutualistas, que si bien somos conscientes de nuestra idiosincrasia profesional en la representación y defensa de los intereses de los ciudadanos en el ámbito de la Administración de Justicia y que ésta no puede parar más allá de sus exiguos períodos de inhabilidad, hay determinadas circunstancias excepcionales de carácter humanitario que deben ser valoradas atentamente y reflejadas en una regulación legal, como así hicimos Abogados, Procuradores y Graduados Sociales en el seno de la Comisión Mixta en conciliación con el Ministerio de Justicia, y que fueron aprobadas e inseridas en las Leyes de Eficiencia Procesal y Organizativa, a la espera de su aprobación parlamentaria.
Sin embargo, tempus fugit y los Procuradores, especialmente interesados en que se regulen las medidas en conciliación que propusimos y que fueron íntegramente aprobadas por el Ministerio de Justicia, puesto que carecíamos de derecho alguno a ponernos gravemente enfermos sin que se nos cayera encima el peso de los plazos, la vorágine de notificaciones, o la sucesión de vistas y señalamientos, empezamos a estar preocupados pensando que la aprobación de las Leyes de Eficiencia Procesal y Organizativa, por su amplia y compleja estructura, puede ir para largo, y mientras tanto los operadores jurídicos continuar huérfanos de una regulación en medidas de conciliación que nos ampare dignamente.
Por ello lanzamos un S.O.S. al Gobierno, proponiéndole que sopese presentar la regulación de las medidas para la conciliación de la vida laboral y personal de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales aprobada por el Ministerio de Justicia como una regulación segregada de dichas Leyes de Eficiencia, confiados en que conseguiría un amplio consenso parlamentario por su necesidad, su oportunidad y clamor social, reparando por fin una situación latente de desigualdad laboral en la que los operadores jurídicos permanecemos subsumidos.
Sólo así en la campaña de Igualdad del año que viene podremos colgar otra fotografía a color, símbolo de haber avanzado en conciliación, dejando atrás el desteñido marco legal actual, y Rigoberta Bandini incluirnos en su feminista canción “In Spain we call it “Soledad”.
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